Más vivienda pública y más asequible
El Banco de España confirma lo contraproducente que fue la reforma de 2013, al poner cifras a un problema que durante el último lustro ha adquirido visos de emergencia social
El último informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler, supone una enmienda a la totalidad de las políticas desarrolladas por el PP en materia de vivienda y avala la oportunidad del Real Decreto de Medidas Urgentes que aprobamos en marzo.
El regulador confirma lo contraproducente que fue la reforma de 2013, al poner cifras a un problema que durante el último lustro ha adquirido visos de emergencia social. Los datos describen un mercado desequilibrado, altamente especulativo y descapitalizado en lo que atañe a la oferta de vivienda pública.
Resulta que los alquileres se encarecieron hasta un 50% en el último lustro. Que en la última década nuestro país pasó de tener 2,4 a tres millones de hogares en alquiler. Y que el 43% de los hogares que alquilan a precios de mercado destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, un porcentaje más de 10 puntos superior a lo recomendado.
Es evidente que la crisis económica y la precariedad laboral agravaron el incremento de los precios del alquiler, sin que el Gobierno anterior hiciera nada efectivo al respecto. Muy al contrario, mientras el parque público de vivienda no paraba de disminuir, hubo administraciones que no tuvieron reparo en enajenar edificios enteros a fondos buitre, como sucedió en Madrid.
Precisamente porque éramos conscientes de lo que estaba pasando y con el objetivo de dar estabilidad al mercado, proteger más a los inquilinos, dar más seguridad a los propietarios y actuar sobre la escalada de precios, aprobamos el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
La nueva normativa actúa indirectamente sobre el mercado al vincular los precios a la subida al IPC y trata de incentivar la oferta. Los primeros efectos de la nueva legislación nos permiten afirmar que vamos en la buena dirección. De hecho, ya hay registros que apuntan a un mejor comportamiento del mercado en lo que se refiere a un aumento de la oferta y a un menor incremento de los precios.
Sin embargo, queda mucho por hacer. Lo principal es incrementar la oferta de viviendas en alquiler a precio asequible. De ahí el Plan 20.000 de viviendas en alquiler asequible, en colaboración con SEPES, el ICO y la iniciativa privada. Y de ahí la elaboración de un índice referencial de precios en colaboración con el INE, el Banco de España, la Agencia Tributaria y la Dirección General del Catastro.
Este índice de precios será una herramienta clave para dar transparencia al mercado y articular políticas de estímulo fiscal o de otra índole. Sabemos cómo hay que actuar y estamos decididos a ello. Ya tenemos lista la primera Ley Estatal de Vivienda de la democracia, pendiente de tramitación si conseguimos superar el bloqueo de la legislatura. Hay mucho en juego, porque la vivienda, además de ser un derecho básico, es un factor de estabilidad social.
Artículo de opinión de José Luis Ábalos | Ministro de Fomento
