El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Empleo e impulsa el trabajo autónomo y la formación de los trabajadores ocupados
El Ejecutivo también acuerda remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que incrementa la financiación y reduce la temporalidad del personal docente e investigador
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Empleo, que forma parte de la reforma estructural del mercado de trabajo y fue presentado el pasado mes de diciembre.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado que la norma da cumplimiento al componente 23 de la Modernización de las Políticas Activas de Empleo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Díaz ha incidido en que es una norma transversal, que mejora la formación y la cualificación de los asalariados y su posición de partida en las empresas: “La mirada no es para las personas que están en desempleo, sino para el conjunto de la población asalariada”.
Para mejorar la empleabilidad, se incorpora el rigor científico al tratamiento de los datos relacionados con el empleo. Se crean tres tasas: de intermediación, de empleabilidad y de cobertura.
Los servicios públicos de empleo tendrán que asesorar a los demandantes respecto a todas las medidas de protección, aunque no sean estatales, que les puedan favorecer en su vida laboral. En este sentido, la vicepresidenta ha precisado que la norma homologa el concepto de empleabilidad a los estándares de la Unión Europea.
La norma también plantea que los trabajadores tienen derecho a que se les preste una cartera común de servicios con independencia del lugar en el que residan. Cada persona tendrá un perfil digital individualizado, un itinerario personalizado y recibirá tutorización a lo largo de su vida laboral. Esta orientación, ha añadido Yolanda Díaz, incorpora por primera vez a los emprendedores y a los autónomos: “Se trata de que vayamos actuando desde los servicios públicos de empleo de forma pormenorizada a cada persona que lo precise”.
La futura ley dotará a las políticas activas de empleo de una dimensión local, al establecer fórmulas de colaboración con las administraciones locales que tengan recursos materiales y humanos para dispensarlas. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales formulará recomendaciones para atender las necesidades específicas en cada territorio.
Yolanda Díaz ha resultado que la atención a 1.600.000 de trabajadores con discapacidad será prioritaria, así como a otros colectivos con dificultades de inserción, permanencia y consolidación en el mercado de trabajo, como las personas LGTBI, los mayores de 45 años, las personas gitanas o de otra minoría étnica y las mujeres víctimas de violencia de género.
Respecto a la financiación de la norma, la vicepresidenta ha explicado que pasa a ser plurianual porque las políticas de empleo públicas no se interrumpen el 31 de diciembre, sino que hay proyectos que se extienden más allá del periodo fiscal. Por tanto, las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de justificar y ejecutar programas hasta el 31 de marzo.
Agencia Estatal de Empleo
La titular de Trabajo ha confirmado que el actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se transformará en seis meses en la Agencia Española de Empleo, una entidad de carácter público digitalizada, modernizada y que tendrá carácter multidisciplinar.
La oficina contará con la unidad de análisis de datos, que planteará políticas públicas encaminadas a mejorar la empleabilidad, y con la unidad centralizada de datos que, utilizará el ‘big data’ y la inteligencia artificial para extraer información estadística. Además, dispondrá de especialistas con nuevos perfiles laborales.
Impulso del Trabajo Autónomo
El Gobierno también ha aprobado hoy la primera Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA) 2022-2027, una iniciativa que engloba las líneas políticas de actuación en la materia que se van a desarrollar en los próximos cinco años.
Yolanda Díaz ha subrayado que se trabajará en la definición el concepto de trabajador autónomo, dado que, a veces, es complejo delimitar qué es trabajo asalariado y qué trabajo autónomo. Además, se abordará la representatividad de las asociaciones del sector, se equilibrará la protección social de las personas autónomas con la de las asalariadas y se estudiará la tributación de los autónomos para que esté vinculada a los ingresos reales.
La vicepresidenta ha añadido que la norma contempla asimismo la prevención de riesgos laborales, la conciliación y la economía de los cuidados.
Formación para trabajadores ocupados
El Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de subvenciones públicas para programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y a cubrir las necesidades de los sectores más innovadores.
Yolanda Díaz ha aclarado que la oferta forma parte de lo que se conoce como formación a demanda de las empresas, es decir, que son ellas las que presentan proyectos concretos de formación”.
En este sentido, la vicepresidenta segunda ha precisado que se dotará a las compañías de 300 millones de euros para que realicen la formación que “estimen imprescindible para llevar adelante los procesos de innovación tecnológica, digital y de sostenibilidad”.
Proyecto de Ley de Orgánica del Sistema Universitario
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que ahora será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que renovará la ley vigente, que data de 2001.
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha afirmado que el texto plantea soluciones a los cambios y problemas surgidos en estos últimos 20 años, como la falta de financiación pública adecuada, el aumento de estudiantes y la falta de una tasa de reposición suficiente que permitiera renovar al profesorado. Asimismo, prepara al sistema universitario para “mirar hacia el futuro en temas de talento, empleabilidad e internacionalización”.
Subirats ha explicado que actualmente existen en España 50 universidades públicas y 37 privadas con centros repartidos en 200 ciudades, 120.000 profesores y 60.000 personas de Administración y Servicios (PAS): “Tenemos una estructura muy potente que necesitamos que, tanto en términos locales como internacionales, mejore su capacidad de atracción y de empleabilidad para ayudar a que el país se ponga al ritmo que necesita”.
Financiación e investigación
Estabilidad del profesorado y carrera académica
Formación a lo largo de la vida
Internacionalización
Ayudas para adquirir libros de texto
Plan contra los incendios forestales 2022
Reconocimiento
Medidas y planes de actuación para el periodo estival
Completado el procedimiento de ayudas por ‘Filomena’
