Su gravedad afecta a la legitimidad misma de nuestro Estado de Derecho. Por eso, Casado no puede despacharlo con un “eso es cosa de otro tiempo”.
Los perpetradores de Kitchen montaron una organización criminal en el seno mismo del aparato de seguridad del Estado. Hicieron uso de las fuerzas y los recursos policiales para amparar sus actividades corruptas.
Esta banda de delincuentes no solo robaron y malversaron, tal y como les imputa la Justicia. Sus crímenes ponen en cuestión la credibilidad de las instituciones a las que hemos confiado el uso legítimo de la fuerza para proteger nuestras libertades. Tal es el daño causado.
Kitchen no es solo un caso de corrupción. Es un atentado a nuestra democracia.
Casado, García Egea, Gamarra y compañía no pueden eludir sus responsabilidades como dirigentes del partido ejecutor y beneficiario de estas actividades corruptas.
Kitchen fue ideado por el PP, aplicado por el PP, para beneficiar al PP. Y el presidente del PP debe dar cuentas por ello ante todos los españoles.
La imputación de Dolores de Cospedal en este caso es especialmente significativa, porque significativos fueron los cargos institucionales que ejerció, como secretaria general del PP y ministra del Gobierno de España.
Cospedal es, además, la madrina reconocida del actual presidente del PP. Todos los españoles saben, y muy especialmente los militantes del PP, que fue gracias al apoyo brindado por Cospedal que Pablo Casado resultó elegido presidente de su partido en el XIX Congreso.
El trabajo de la Justicia y la tarea desarrollada en la comisión de investigación parlamentaria están arrojando evidencias incontestables sobre el alcance de los crímenes y el comportamiento abyecto de sus protagonistas.
A la sociedad española le importa contar con un partido conservador en condiciones de ejercer una oposición eficaz y legítima. Pero la actual dirigencia del PP no estará plenamente capacitada para cumplir con el papel relevante que le corresponde en nuestra democracia, mientras no muestre una voluntad inequívoca para tomar distancia respecto a la corrupción sistémica que afecta a su organización.
A Casado le corresponde ahora reconocer, condenar y asumir responsabilidades por el caso Kitchen, y por el resto de los casos que el operativo Kitchen pretendió amparar y tapar.
Le corresponde, además, cumplir con sus deberes para con el Estado y el bien común, ejerciendo una oposición crítica pero coadyuvante en lo relativo al interés general. Y este deber se ha de aplicar primeramente a la renovación pendiente de los órganos constitucionales.
Y, por último, a Casado le corresponde también emular a sus colegas gobernantes en otros países de Europa, para contribuir al aislamiento de las fuerzas ultraderechistas que amenazan la convivencia democrática.
La derecha española está demasiado acostumbrada a apostar gratis al cuanto peor mejor, para encaramarse al poder sobre la desgracia de los españoles.
Pero los españoles están ya más que avisados.
Y esta vez no les va a salir bien.
Artículo de opinión de Rafael Simancas publicado en Sistema Digital
