El PSOE apoya el Bono Consumo de la Diputación de Alicante pero exige rigor en el control de 25 millones de euros

El Grupo Socialista en la Diputación de Alicante ha votado a favor de la convocatoria del Bono Consumo 2026 en la Comisión de Desarrollo Económico previa a su aprobación en el pleno extraordinario. La iniciativa destina 25 millones de euros de fondos públicos para dinamizar la actividad comercial en las localidades alicantinas. Sin embargo, la posición del PSOE no ha estado exenta de duras advertencias sobre los plazos de ejecución, la fiscalización del dinero y la falta de soporte a los municipios de menor población.

El diputado socialista Raúl Ruiz ha remarcado que el respaldo a la dinamización comercial no implica un cheque en blanco a la corporación provincial, gobernada por el Partido Popular. “Estamos hablando de 25 millones de euros de dinero público y la Diputación tiene la obligación de garantizar que se gestionan con todas las garantías, con transparencia y con el seguimiento que exige la normativa”, ha advertido Ruiz, quien enfatizó que apoyar al tejido comercial “no puede significar dejar sin control el dinero público”.

Dudas sobre la Ley de Subvenciones y discrepancias de plazos

El punto de mayor fricción radica en las condiciones de externalización y subcontratación. Mientras las bases redactadas por la Diputación no marcan un techo máximo para externalizar la gestión, la Ley General de Subvenciones estipula que, en importes superiores a 60.000 euros donde la subcontratación supere el 20%, se exige un contrato formalizado por escrito e informes de autorización previa de la entidad concedente.

“Queremos saber cómo va a aplicar la Diputación esta obligación legal y cómo va a fiscalizar aquellos casos que superen los umbrales establecidos”, ha inquirido Ruiz, exigiendo garantías concretas sobre la trazabilidad de los fondos.

Asimismo, la formación social ha detectado incoherencias de carácter administrativo en el redactado del programa. Las bases contemplan el 31 de diciembre como límite para abonar las ayudas, mientras amplían la justificación de los gastos al 31 de enero. A pesar de que los informes jurídicos sugieren resolver la discrepancia mediante interpretaciones normativas posteriores, los socialistas han instado a corregir de forma explícita el texto para no generar inseguridad jurídica en los 125 ayuntamientos receptores.

Brecha en los pequeños municipios

Otro aspecto crítico puesto de relieve por el grupo de la oposición es el impacto desigual de la medida según la capacidad administrativa de los ayuntamientos. De los 19 municipios potenciales que no han solicitado acogerse a esta edición, 17 cuentan con una población igual o inferior a 1.245 habitantes.

Para la oposición, esta brecha demuestra que los municipios pequeños carecen de medios técnicos suficientes para tramitar expedientes de esta envergadura dentro de plazos tan ajustados. Ruiz ha recordado que en la edición anterior quedaron más de 400.000 euros sin ejecutar, un remanente que, a su juicio, tendría que haberse invertido en asistencia técnica directa para evitar que las localidades pequeñas queden al margen.

“Nosotros queremos que estos bonos lleguen al comercio de toda la provincia y que tengan el máximo impacto posible”, ha expresado el diputado. “Pero precisamente porque queremos que funcionen, exigimos que se hagan las cosas bien”, concluyó.