Sanidad destina 300.000 euros a ampliar la web “Quiero Abortar” para reducir las desigualdades territoriales en el acceso a la interrupción del embarazo
El Consejo de Ministros aprueba una subvención directa a L'Associació Pels Drets Sexuals i Reproductius para ofrecer información estatal unificada y asesoramiento online

El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Sanidad un real decreto que regula la concesión directa de una subvención de 300.000 euros destinada a ampliar y mejorar los servicios de la plataforma digital «Quiero Abortar». El recurso, gestionado por L’Associació Pels Drets Sexuals i Reproductius —entidad con cerca de cuatro décadas de trayectoria en este ámbito—, busca consolidar un punto de información estatal unificado que haga frente a las disparidades y trabas administrativas existentes entre las distintas comunidades autónomas.
La inyección económica permitirá actualizar de forma detallada los circuitos asistenciales, los requisitos y los centros sanitarios de referencia en todas las provincias, dotando a la herramienta de un servicio de consulta y acompañamiento online individualizado dirigido tanto a mujeres como a personas trans con capacidad de gestar. Asimismo, el plan contempla el desarrollo de materiales formativos y herramientas de apoyo técnico para los profesionales del Sistema Nacional de Salud, promoviendo una aplicación homogénea de la normativa.
La medida ministerial incide en la necesidad de corregir las brechas territoriales en una prestación donde la red pública todavía presenta limitaciones estructurales. Según los últimos datos oficiales correspondientes a 2024, en España se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales el 78,75% se derivaron a centros concertados o privados, a pesar de que el porcentaje de intervenciones en la sanidad pública ha repuntado casi siete puntos desde 2019 hasta situarse en el 21,25%. Con esta iniciativa, el departamento dirigido por el Ejecutivo central busca blindar los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva.



