El PSOE exige a Ruz que abra a la participación el contrato de autobuses de 400 millones
Díez reclama que trabajadores, usuarios, vecinos y grupos políticos intervengan en una concesión de diez años y alerta de que el transporte a las pedanías vencerá a finales de 2026 sin posibilidad de prórroga
El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Elche, Héctor Díez, ha exigido al alcalde, Pablo Ruz, que permita la participación de trabajadores, usuarios, asociaciones vecinales, empresas del sector y grupos políticos en la preparación del nuevo contrato del transporte urbano, cuya concesión actual expira el 31 de diciembre de 2026.
El edil socialista ha subrayado que se trata de un servicio público que, según las previsiones de su grupo, supondrá cerca de 400 millones de euros durante los próximos diez años. “Tenemos un buen servicio de transporte público, pero ahora hay que renovarlo”, ha afirmado. Díez ha pedido que la elaboración del pliego siga un proceso similar al empleado en la anterior legislatura para el contrato de limpieza y recogida de residuos.
“Hablamos de una concesión que trasciende a este Gobierno y a los siguientes. El transporte urbano es de todos y, por tanto, todos deben poder participar”, ha defendido.
El portavoz socialista considera insuficiente la información ofrecida hasta ahora por el concejal de Movilidad en las comisiones municipales. También ha reprochado al Gobierno local que la Mesa de la Movilidad lleve más de tres años sin reunirse. A su juicio, la envergadura económica y la duración del futuro contrato hacen necesario reactivar este órgano y ampliar la participación más allá de los trámites obligatorios de consulta pública y alegaciones.
Un contrato provisional para las pedanías
El PSOE también ha advertido de la proximidad del vencimiento del contrato de emergencia que presta el transporte a las pedanías, adjudicado de forma directa en 2024 y con una duración máxima de dos años.
La adjudicación se amparó en el artículo 5.5 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007, relativo a los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. El informe jurídico de la sección de Movilidad, firmado el 21 de octubre de 2024, establecía que el contrato no podía superar los dos años. El alcalde y el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, explicaron entonces que la fórmula no admitía prórroga.
“El contrato de emergencia permitió garantizar el servicio durante dos años, mientras se redactaba el pliego del transporte urbano. Sin embargo, ese pliego todavía no está terminado y el contrato de las pedanías vence a finales de año sin posibilidad de ampliarlo”, ha señalado Díez.
La asistencia técnica para redactar el proyecto de prestación del servicio público, el estudio de viabilidad de la concesión y los trabajos complementarios se formalizó el pasado 16 de septiembre. El encargo tiene un plazo de ejecución de cinco meses, al que se añadirá una interrupción durante el periodo de alegaciones.
El precedente del contrato de limpieza
Díez ha señalado el contrato de limpieza aprobado en la anterior legislatura como modelo para el nuevo proceso. Según ha explicado, en su elaboración participaron los grupos políticos y otros sectores implicados, incluido el Partido Popular, que entonces estaba en la oposición.
“No pedimos que se cumpla únicamente con la consulta pública y el periodo de alegaciones, porque eso ya lo exige la ley. Reclamamos participación durante todo el proceso, como hicimos con el pliego de limpieza”, ha afirmado.
El portavoz socialista también ha defendido una mayor intervención de los empleados públicos en la redacción del contrato, frente a la decisión del Ayuntamiento de encargar la asistencia técnica a una unión temporal de empresas por 150.000 euros. Díez ha asegurado que la experiencia del pliego de limpieza fue positiva y ha destacado que el expediente no recibió reclamaciones de las empresas participantes.
