El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021

El Consejo de Ministros también aprobó el Anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad

En cumplimiento de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el Ejecutivo ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, que busca reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Estará financiado con 2.000 millones de euros y prevé rebajar la tasa de paro juvenil hasta el 23,5% y que 168.000 desempleados menores de 25 años se incorporen al mercado laboral.

Como ha resaltado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, este Plan va a ser muy beneficioso para los jóvenes -“que son el futuro, pero también el presente”- y para España “porque el país los necesita, económica y socialmente”. “Apostar por la formación y el empleo joven es apostar por la cohesión social”, ha dicho Valerio, quien ha señalado que los jóvenes tienen derecho a tener una autonomía personal y una vida independiente. “De esta forma valorarán la democracia en la que viven y se sentirán integrados” y se evitará que tengan “tentaciones por salidas aparentemente fáciles a problemas que son muy complejos”, ha argumentado.

Las cincuenta medidas transversales contenidas en el Plan se organizan en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional.

Diseñadas a través de un proceso muy participativo entre varios ministerios, estas medidas han recibido el apoyo unánime de la Mesa de Diálogo Social, en la que están representados los sindicatos y la patronal. Asimismo, su ejecución se hará en coordinación con las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, “porque debe estar muy pegado al territorio, con todas las administraciones implicadas remando en la misma dirección”, ha señalado Valerio.

La ministra ha avanzado que el Ejecutivo está trabajando en otro plan de choque para personas de más de 45 años paradas de larga duración.

Mayor protección a las personas con discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constituciónpara ofrecer una mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha recordado que el artículo 49 de la Carta Magna representó un gran avance hace cuarenta años, pero califica a esas personas como “disminuidos”. La propuesta del Gobierno es retirar ese término e incorporar a la Carta Magna la referencia a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Celaá ha destacado que la nueva redacción constitucional es una iniciativa del Gobierno a partir de la propuesta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y ha contado con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Industria, objetivo prioritario

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha detallado los aspectos principales del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España. “Para este Gobierno, la industria es un sector estratégico”, ha afirmado.

El objetivo fundamental es conseguir que el PIB industrial pase de representar el 16,3% del total al 20%. “Debemos situar a la industria en la agenda del cambio, porque es un sector que exporta, innova y genera empleo de calidad, y necesitamos que coja más fuerza, porque además también nos permite combatir el reto demográfico”, ha explicado la ministra.

El Real Decreto-ley contiene una mejora sustancial en el contrato de relevo para la industria manufacturera. También regula la venta a pérdidas, una medida muy necesaria, a juicio de Maroto, “para dar certeza jurídica a los operadores y reducir cargas a las empresas”.

Otras medidas son la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas en zonas industriales, para reducir costes de energía y garantizar la competitividad de las empresas allí instaladas, y la creación de la figura del ‘consumidor electrointensivo’.

Compromiso con la presentación de los Presupuestos

El Consejo de Ministros ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria 2019-2021, un paso necesario en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Isabel Celaá ha explicado que se trata de los mismos objetivos de déficit público -1,8% del Producto Interior Bruto en 2019, 1,1% en 2020 y 0,4% en 2021- que el Ejecutivo ya remitió a las Cortes el pasado julio y no fueron aprobados por el Congreso de los Diputados. La decisión de volver a aprobar esta senda de estabilidad se ha adoptado tras consultar a la Abogacía del Estado, que entiende que es un requisito previo a la presentación de los Presupuestos.

“El Gobierno asume el trámite porque está comprometido con sacar adelante las cuentas públicas para blindar el Estado de bienestar, elevar el gasto social, recuperar amplios derechos y fomentar un sistema fiscal más justo y redistributivo”, ha dicho Celaá. Esos Presupuestos, ha añadido, permitirían además hacer frente a las necesidades que las comunidades autónomas han expuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ronda de contactos que ha finalizado esta semana.

La portavoz ha manifestado que el compromiso del Gobierno es llevar el proyecto de Presupuestos a las Cortes en enero, con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento. Por tanto, si no se consigue aprobar la senda aprobada hoy, el Ejecutivo presentará las cuentas públicas con la senda de déficit vigente en la Cámara.

Lucha contra el terrorismo

El Ejecutivo ha aprobado un Anteproyecto de Ley Orgánica para trasponer una directiva sobre la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

Isabel Celaá ha precisado que esos datos se comunicarán a las autoridades competentes -entre ellas, Interpol- en el caso de los viajes internacionales, europeos e incluso en algunos nacionales, con el fin de elevar los niveles de seguridad frente al crimen organizado y el terrorismo en la Unión Europea, siempre en el marco jurídico de la protección de datos. La información se eliminará a los cinco años.

Más de 200 millones para programas educativos

El Consejo de Ministros ha acordado destinar casi 209 millones de euros a diferentes programas educativos de cooperación territorial con las comunidades autónomas. Esas áreas de actuación son la orientación educativa, la financiación de libros de texto, las acciones de calidad de la Formación Profesional (FP), el impulso a la FP Dual, la movilidad del profesorado,  la acreditación de competencias profesionales y las actividades de las asociaciones de padres y madres de alumnos.

La ministra de Educación y Formación Profesional ha subrayado el interés de estas iniciativas tanto para las comunidades como para su Departamento “porque cohesionan aquellos programas sobre los que queremos incidir de manera específica”, como son el impulso de la FP y la atención del alumnado que necesita un refuerzo.

Promoción del talento científico

El Gobierno ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a convocar ayudas por valor de 101 millones de euros -un 15,4% más que en 2017- para la contratación de 830 investigadores y técnicos de apoyo.

La inversión se distribuye entre cuatro subprogramas del Plan Estatal de I+D+i. En primer lugar, se convocarán 200 ayudas para contratos ‘Ramón y Cajal’, con el objetivo de promover la incorporación de investigadores españoles y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D.

En segundo lugar, habrá 225 ayudas ‘Juan de la Cierva-Formación’ para que jóvenes doctores completen su formación investigadora en centros de I+D españoles.

El tercer apartado lo constituyen 225 ayudas ‘Juan de la Cierva-Incorporación’ para fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores.

Por último, se destinan siete millones de euros a la contratación de personal técnico de apoyo en organismos de investigación.