El PSOE exige a Ruz que reclame a la Generalitat y la Diputación los 34,5 millones pendientes con Elche
Patricia Maciá denuncia que el gobierno de PP y Vox sigue pagando facturas sin contrato mientras Pérez Llorca no ingresa fondos para Edificant, Servicios Sociales, Las Clarisas o el Palmeral

El Grupo Municipal Socialista de Elche ha denunciado que el gobierno local de Partido Popular y Vox continúa aprobando pagos de facturas por servicios prestados sin contrato en vigor, una práctica que el propio PP criticó duramente cuando estaba en la oposición y que ahora, según la concejala Patricia Maciá, sigue repitiéndose desde el gobierno municipal.
Maciá ha explicado que entre los meses de marzo y mayo se han aprobado 1.273.000 euros correspondientes a 28 facturas sin contrato, mediante omisión de fiscalización. La edil socialista ha reprochado al ejecutivo de Pablo Ruz que llegara al Ayuntamiento prometiendo “hacer las cosas bien” y una gestión más rigurosa, mientras la realidad demuestra que el problema continúa exactamente igual que antes.
La concejala ha recordado además que el portavoz adjunto del equipo de gobierno, José Claudio Guilabert, aseguró hace dos años que esta práctica se iba a acabar. Maciá ha señalado que se trata de la misma persona que en la pasada legislatura llevó este asunto a Fiscalía y que ahora participa en juntas de gobierno donde se aprueban pagos de este tipo. Por ello, ha preguntado si Guilabert piensa acudir también a Fiscalía para denunciar unas prácticas que ahora respalda desde el gobierno municipal.
El PSOE también ha puesto el foco en la falta de transferencias de la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento de Elche. Maciá ha denunciado que, a fecha 20 de mayo, el consistorio no ha recibido ninguna aportación para proyectos clave como el Plan Edificant, la rehabilitación de Las Clarisas o las iniciativas de desarrollo local. “Cero euros a 20 de mayo”, ha resumido la edil socialista.
La concejala ha añadido que siguen pendientes otras líneas de financiación esenciales para el municipio, entre ellas el programa Concilia, las actuaciones vinculadas al Palmeral, los programas de Atención Primaria de Servicios Sociales, las políticas de empleo y el Fondo de Cooperación Municipal.
En el caso de Las Clarisas, Maciá ha recordado que hace cinco meses se anunció un convenio con la Generalitat dotado con 1,2 millones de euros para las obras, cantidad que fue incluida en las previsiones municipales. Sin embargo, según ha señalado, el proyecto presupuestario autonómico refleja ahora una reducción de 700.000 euros respecto a lo anunciado inicialmente.
La edil socialista también ha criticado la falta de ingresos procedentes de la Diputación Provincial. Según ha indicado, a fecha 20 de mayo no se habían recibido los 1,4 millones de euros previstos para el centro de Jayton ni los 50.000 euros destinados al mantenimiento del Palmeral. La única cantidad abonada hasta el momento por la institución provincial, ha señalado, son 842 euros correspondientes a una subvención de 2025 para la prevención de conductas adictivas.
En total, Maciá ha cifrado en 34,5 millones de euros el importe pendiente de ingreso por parte de la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial. Frente a ello, ha destacado que el Gobierno de España sí ha transferido ya 22 millones de euros del Fondo Complementario de Financiación, alrededor del 30% del total previsto, así como 5,4 millones de euros de aportación extraordinaria de los fondos EDUSI, solicitados en la anterior legislatura y ya abonados. Según la concejala, estos recursos permitirán al Ayuntamiento reducir deuda.
Para el Grupo Municipal Socialista, la comparación es clara: mientras el Gobierno de España cumple con las transferencias comprometidas, la Generalitat y la Diputación mantienen bloqueadas cantidades importantes para Elche. Maciá ha exigido a Pérez Llorca que “pague y ejecute” y ha reclamado al alcalde Pablo Ruz que “se deje la camiseta del Partido Popular” y reivindique ante la Generalitat los fondos que corresponden a la ciudad.
El PSOE sostiene que Elche no puede seguir asumiendo retrasos, recortes o incumplimientos de otras administraciones mientras el gobierno local guarda silencio. Para los socialistas, el alcalde debe elegir entre defender a su partido o defender los intereses de la ciudad.



