Nuevos empleos verdes. Transición justa

El cambio climático es uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos, sus consecuencias son peligrosas y por tanto debemos actuar de un modo diferente. Actualmente es el principal generador de importantes cambios medioambientales, sociales, productivos, y tecnológicos que están sucediendo en estos últimos años y que trasformará nuestro modelo económico y social a corto plazo y en el futuro.

Hace unos días conmemoramos que en 1977 las Naciones Unidas proclamaron el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de recordar la importancia del cuidado y la protección de la naturaleza. Cuatro décadas después y en un nuevo siglo, nos encontramos en el momento de combatirlo, de cambiar el actual modelo insostenible del que nos hemos dotado, porque estamos experimentando graves impactos sociales y medioambientales, fenómenos meteorológicos extremos, catástrofes climáticas, aparición de virus hasta ahora desconocidos, generando crisis humanitarias, de salud, económicas…

Son necesarias políticas dirigidas a combatir este grave problema, generado por el modelo de desarrollo por el que hemos optado y que está provocando situaciones que ponen en riesgo la salud, la economía, el medio ambiente y en definitiva el futuro de nuestro planeta. Es hora de un cambio del modelo social, económico y medioambiental.

Todo cambio genera incertidumbres, y necesita del apoyo de políticas públicas decididas desarrolladas por el Estado, por las CCAA y por los Ayuntamientos según sus competencias. Las administraciones deben ser líderes y participes, de manera conjunta y coordinada para potenciar las oportunidades que supondrá está transición y para que la adecuación necesaria sea equitativa y contribuya a la reducción de desigualdades, se trata de realizar una transición ecológica “sin que nadie se quede atrás”.

Desde la UE se están incorporando constantes iniciativas políticas, economía circular, clima, energía, el Pacto verde europeo, el actual plan de recuperación de la economía… En la misma línea está trabajando el Gobierno de nuestro país, lo que ha dado lugar a la ley de cambio climático, la estrategia de economía circular, el plan de acción de la agenda 2030, la estrategia de transición justa, le estrategia para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra, entre otras.

Actuaciones transversales que vinculan a todos los ámbitos, potenciando la investigación, I+D+I, de manera que promueva la trasformación tecnológica de la política industrial y sea generadora de riqueza y de empleo digno y de calidad; desarrollando acciones ambientales, de empleo y formación, fiscales, e industriales, un todo que genere un sistema productivo eficiente en el presente y en el futuro, y una sociedad más sostenible, más solidaria y más justa.

Ha quedado demostrada con la pandemia de la COVID-19 la importancia de tener unas políticas públicas firmes de protección social. Un ejemplo han sido los ERTE que han evitado el despido de cientos de miles de plantillas, han protegido el empleo de más de 3,4 millones de personas trabajadoras. Medida diferenciadora de la anterior crisis de 2008 que con sus políticas restrictivas provocó destrucción de empleo de calidad, y creación de empleo precario, y han sido y son las principales fuentes de aumento de desigualdad y pobreza, de exclusión social.

Y es importante dirigir los esfuerzos a aquellos colectivos más vulnerables, jóvenes, mujeres y mayores de 50 años son los más desfavorecidos, los que se han visto más afectados por las crisis. Las administraciones en coordinación con la iniciativa privada han de apoyar y sustentar la transición hacia un modelo productivo más ecológico socialmente beneficioso y generador de empleo decente. También deben promover la transición ecológica de las empresas, incrementando la eficiencia de los recursos y construyendo sociedades sostenibles.

Tenemos una asignatura pendiente con el empleo juvenil y el de las mujeres. La Estrategia Juventud Avanza y el Plan de Empleo Juvenil recientemente aprobado han de servir para reducir la tasa de desempleo y  mejorar las condiciones laborales, garantizar el acceso a los servicios públicos, aumentar la productividad laboral y la protección social, todas ellas materias básicas para un crecimiento económico sostenible inclusivo, en el que la cohesión social y territorial debe estar presente.

Respecto a las mujeres, la brecha salarial existente en nuestro país, reduce sus posibilidades de poder acceder a prestaciones para personas trabajadoras desempleadas o a la cuantía de la pensión de jubilación que percibiremos cuando concluya la etapa laboral. Las mujeres no estamos participando en el mercado laboral bajo condiciones de igualdad, en ocasiones por la sobrecarga que supone asumir la tarea de cuidados, un trabajo invisible al que no se concede el valor social y económico que merece. Dedicamos más del doble de tiempo que los hombres al cuidado del hogar y la familia, dificultando el desarrollo de la carrera profesional. Promover la corresponsabilidad, la racionalización de los horarios, o universalizar el acceso a la educación infantil 0-3 años a través de una red pública, son parte de esas medidas urgentes.

Los empleos verdes pueden y deben ocupar un lugar fundamental en este intento de transformación. La digitalización y las políticas contra el cambio climático, harán posible una modernización de nuestro país de manera equilibrada y generarán mayor sostenibilidad del sistema productivo, seguridad, calidad de vida… El nuevo modelo debe partir de la base del contrato social justo, eficiente en el uso de recursos, y respetuoso con el medio ambiente.

La transición debe ser justa, de manera que se diagnostiquen previamente y se valoren los riesgos que se pueden producir, la manera de evitarlos y cómo prevenirlos y convertirlos en oportunidades; actividad económica y empleo son compatibles con la reducción de los impactos negativos de la transición ecológica y la descarbonización.

Hablamos de movilidad sostenible, economía circular, nuevas fuentes de energía, agua, gestión de residuos, actividades relacionadas con la naturaleza, redes y ciudades inteligentes, atención al medio rural y, en general, actividades para la mitigación del cambio climático que podrán reemplazar a las actuales tecnologías evitando los efectos negativos para las personas trabajadoras y para el medio ambiente, y potenciando un empleo decente, digno y de continuidad. El desarrollo económico y las políticas redistributivas deben ir a la par, de manera que eviten las desigualdades y situaciones de exclusión social y pobreza.

Sin embargo, el empleo que se ha generado en estos últimos años ha supuesto un incremento de la precariedad, la inseguridad y la desigualdad.  En su mayor parte es empleo temporal, a tiempo parcial principalmente para las mujeres, precario sobre todo para los jóvenes, produciendo la dicotomía de que tener un trabajo no es suficiente seguro para poder vivir dignamente. En el año 2019, nuestro país se ha mantenido entre los 3 de la UE con mayor porcentaje de personas trabajadoras en riesgo de pobreza, según los datos publicados por Eurostat.

Construir un sistema económico sostenible y proteger adecuadamente los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, es un importante reto. La justicia social debe estar presente.

Evitar las desigualdades, promover el cambio de modelo productivo, energético y de consumo, fortalecer el tejido industrial y empresarial, generar empleo, han de ser el objetivo de las políticas de adaptación al cambio climático.

Una característica del sector industrial de nuestro país ha sido la creación de empleo digno, de calidad, cualificado y estable, con derechos. Las condiciones de trabajo  de este sector han sido sostenibles. Pero no es menos cierto que la industria española necesita una trasformación para hacerla competitiva y sostenible social, económica, y medioambientalmente. Hasta ahora industria y medio ambiente han ido por diferentes caminos; sin embargo, son posibles los procesos productivos eficientes a la vez que respetuosos con el medio ambiente. La pandemia nos ha hecho ver que el sistema productivo español tiene problemas estructurales que hay que diagnosticar y resolver.

Su trasformación ha de ser un proceso a medio y largo plazo, y ha de contener nuevas prácticas sociales y tecnológicas. Se creará incertidumbre, conflictos, hay riesgos que han de transformarse en oportunidades. Apoyar a las empresas, a las personas trabajadoras de las industrias que desaparecerán mediante formación, recualificación, subvenciones, asistencia técnica, inversiones. Recursos públicos para adecuar los sectores y territorios más sensibles, la modernización del sistema educativo, adaptar el sistema de protección social y el marco tributario, diversificaciones de actividades, etc.; todo ello con participación y el consenso de la sociedad civil, de empresas y de organizaciones sindicales. Ha de ser un proceso de capacitación y fortalecimiento de las personas trabajadoras en colaboración con las empresas y las administraciones públicas. Luchar contra la pobreza y evitar la fragmentación social ha de ser objetivo prioritario en la transición verde y digital.

La base de este proceso ha de estar en línea con el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”. El estado del bienestar ha de llegar a todas las personas trabajadoras y garantizar la calidad de vida saludable. Empleo decente, garantizar los derechos de los trabajadores, extender la protección social y el dialogo social son las bases del Programa de Trabajo Decente de la OIT.

Sin embargo, el enfoque neoliberal de las relaciones laborales producido fundamentalmente después del RD ley 3/2012 conocido como la Reforma Laboral ha supuesto una grave pérdida de derechos laborales. Para acabar con la precariedad, con la desigualdad y la falta de oportunidades laborales que ha creado hay que equilibrar la negociación colectiva, urge derogar la reforma laboral.

Hay que estar alerta a las posibles pérdidas de empleo, que es previsible que se produzca más en unos sectores que en otros, en la producción de materias primas, en la fabricación de nuevos productos, son algunos de ellos, por lo que deben existir políticas de apoyo al mercado laboral. Otros, como los de reciclaje y reparación, o la economía circular crecerán, tienen un gran potencial de generación de empleo. Se trata de avanzar hacia sectores industriales y de servicios innovadores, sostenibles y competitivos, basados en el conocimiento y las nuevas tecnologías. Empleos en el sector público, en la construcción, reconversión de puestos de trabajo de la industria manufacturera, puestos asociados a la salud, a la educación, a la investigación. Cambios en sectores como la agricultura, ganadería, demanda de agua, generación de energía. Se trataría de prevenir la destrucción de empleo asociada a los impactos derivados del cambio climático. Fomentar e impulsar la educación, la formación y capacitación para los nuevos oficios es un punto clave para combatir el desempleo juvenil y para la transformación del mercado de trabajo. La revisión y nuevos currículos de enseñanza secundaria, formación profesional dual en sectores verdes y jóvenes, planes de recualificación y reinserción laboral.

Anticiparnos a los impactos de la transición ecológica es una oportunidad para evitar situaciones traumáticas, y potenciar nuevos empleos verdes que nos ayuden a mejorar las tasas de desempleo que tenemos en nuestro país.

Publicado por María Luisa Rufino vía Fundación Sistema