El Gobierno de Pedro Sánchez responde con un ambicioso paquete de medidas para proteger a las clases medias y trabajadoras

“Las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania son ineludibles. Pero es posible amortiguar al máximo sus efectos y, sobre todo, es posible repartir su impacto con justicia en beneficio de los que más sufren y en detrimento de los que hacen negocio. Eso es lo que hará el Gobierno”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resumía de esta manera el objetivo del RDL que este sábado ha aprobado el Consejo de ministros en una reunión extraordinaria, al tiempo que aseguraba que “el Gobierno va a mantener el rumbo de modernización de nuestra economía y a seguir volcado en la protección de las familias y las empresas españolas, los clase media y trabajadora y los colectivos más vulnerables”.

La escalada de precios causada por la guerra de Putin tanto en España como en Europa y que interfiere en la recuperación económica tras una pandemia que empezábamos a dejar atrás, hace necesario que el Gobierno actúe de nuevo para contener la inflación, tras haber aprobado hace tres meses un primer Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra. Con las medidas ya aprobadas y las que hoy se ponen en marcha, el Ejecutivo estima que contendrá en un 3,5 el alza de los precios.

“El Gobierno vuelve a adoptar nuevas medidas para proteger a familias y empresas poniendo siempre el interés general por encima de intereses egoístas”, destacaba el presidente Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo. Ha cifrado el nuevo esfuerzo presupuestario en más de 9.000 millones de euros, aproximadamente 5.500 en gasto para proteger a familias, clase media y trabajadora y el sector económico y 3.600 millones en reducción de ingresos. En total, hasta finales de 2022, el Gobierno habrá invertido con los dos Decretos contra los efectos de la guerra, cerca de 15.000 millones de euros: más de un punto del PIB español.

El presidente ha explicado las medidas este sábado aprobadas, anunciando una reducción del IVA sobre la electricidad, que pasará del 10 al 5%. “Con el primer decreto rebajábamos en un 60% los impuestos del recibo de la luz, ahora llegamos al 80%” ha destacado. Se prolongan el resto de medidas como la flexibilización de los contratos de suministros de gas, la ampliación de los descuentos del bono social, la minoración de la retribución de la energía eléctrica, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica así como la reducción de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles.

Se reduce en un 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestados por el Estado o entidades estatales y para los abonos transporte prestados por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales se reduce un 30%.

Para reforzar la protección a los más vulnerables, se mantiene el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de suspensión de suministro de energía eléctrica, gas y agua para consumidores vulnerables y el tope a la subida de los alquileres. Se aumenta en un 15% las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. Además, se  ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados de bajos ingresos y se limita  el precio máximo de la bombona de butano.

Para apoyar a los sectores más afectados por la subida de los precios, se prorroga hasta septiembre el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social para el sector pesquero, agrario y del transporte. Se facilitarán ayudas directas a las industrias gasintensivas y se amplían las ayudas aprobadas anteriormente contra la sequía.

Asimismo, este real decreto-ley extiende las medidas de protección a los afectados por la erupción volcánica de La Palma, prorrogando la prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos, los aplazamientos y moratorias en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y los ERTE. Esta norma también prorroga el tipo reducido del 4% en el IVA para las mascarillas quirúrgicas.

Nuevo tributo a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas

El presidente del Gobierno ha anunciado la implantación desde  el 1 de enero de 2023 de un nuevo tributo “para garantizar un reparto justo de las cargas provocadas por la guerra” que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos. El presidente ha defendido que “las cargas deben distribuirse con justicia y aportar más quienes están en mejores condiciones. Y, lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados, a costa del perjuicio de las mayorías”.

A su juicio “quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deberán hacer una aportación adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora. Somos una comunidad, no una suma de individuos, y quienes más obtienen deben contribuir más al sacrificio colectivo”.

Tercer desembolso de Fondos Europeos

El presidente ha manifestado su firme voluntad de “seguir volcado en proteger a la población española y mantener a la vez el rumbo de transformación y modernización con los fondos europeos” desarrollando la hoja de ruta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, ha expresado su confianza en que, a lo largo de la semana que viene, la Comisión Europea apruebe el tercer desembolso de Fondos Europeos por un valor de 12.000 millones de euros. Con este pago, serán 31.000 millones de euros los recibidos por España “gracias al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación”.

El presidente ha expresado su satisfacción porque “España está siendo el país más avanzado de la UE en la ejecución de los Fondos y así vamos a seguir así. Desplegando toda la oportunidad que nos ofrecen para reindustrializar nuestro país en plena transición ecológica y digital y para ganar en independencia energética”, ha señalado.