El PSOE apuesta por reforzar la libertad en la toma de decisiones propias y en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad

La portavoz  adjunta en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, Yolanda Seva, ha subrayado hoy que el Gobierno quiere que la tramitación del Proyecto de Ley por el que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, “sea ágil y con el máximo consenso social”. “Se dan pasos importantísimos en la consecución de derechos y por ello debemos sentirnos orgullosos como sociedad”, ha añadido.

Con motivo de la comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, para informar de la situación actual y de las medidas a impulsar para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, la responsable socialista ha agradecido “el apoyo constante y la cooperación” de este organismo para conseguir “la mejora, la adquisición de derechos y la equidad para este colectivo”. Una comparecencia, que se une a la que ya tuvo lugar la semana pasada en la Comisión de Justicia, en relación al citado Proyecto de Ley de reforma de la Legislación Civil y Procesal y el apoyo a las personas con discapacidad.

“Hablamos de garantizar la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad desde una normativa consensuada y apoyada mayoritariamente por el tejido social, para el apoyo en la toma de decisiones cuando sea necesario”, ha resaltado Seva.

Garantizar la autonomía personal y la independencia de las personas con discapacidad

En este sentido, la parlamentaria ha aludido al citado Proyecto de Ley para recordar que “aspira a reformar el Derecho Civil, adaptándolo a la Convención Internacional y, por ello, los socialistas daremos especial atención a las enmiendas de mejora que se presentan y que sin duda alguna enriquecerán el texto”.

La diputada también ha explicado que la nueva ley incluirá “elementos transformadores para dar preponderancia a la capacidad jurídica de las personas con capacidades diferentes y con ello, se producirá un cambio de paradigma en nuestra legislación y en nuestra sociedad que garantizará la importancia que tiene para el colectivo la autonomía personal y la independencia, la libertad en la toma de decisiones propias en igualdad de oportunidades”.

“La capacidad jurídica es una cuestión de derechos humanos en libertad y sin discriminación”, ha reiterado. Por ello, Seva  añadió que “la unión sin duda hace la fuerza y crear una plataforma unitaria aporta valor al colectivo, con corresponsabilidad e independencia y autonomía”.

Apoyo a las necesidades reales sin recortes sanitarios

Por último, la parlamentaria ha hecho hincapié en que “no podemos consentir que hoy nos despertemos en la Comunidad de Madrid con una espera de hasta cuatro años para que las familias consigan una plaza pública de atención temprana. Una espera que sentencia a niños y niñas y a sus familias a frenar su desarrollo y autonomía personal por no tener el poder adquisitivo para costeárselo”.

Así, lamentó que a fecha de 30 de septiembre de 2020, el número de plazas de atención temprana pendiente de adjudicación sea de 1.691. Por esta razón, indicó que este es el objetivo por el que luchar: “para cubrir necesidades reales y eso no se hace con recortes en el área sanitaria y de salud”.