El Gobierno reclama “elecciones democráticas” en Venezuela y rechaza un golpe militar

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, realizó este martes un llamamiento a que no se produzca ningún “derramamiento de sangre” en Venezuela y reiteró la apuesta del Ejecutivo socialista por un “proceso democrático pacífico” que conlleve la “celebración inmediata de elecciones” para escoger a un nuevo presidente. En este sentido, subrayó que “España no respalda ningún golpe militar” y que la salida pasa por celebrar unos nuevos comicios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá agregó que el respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue “una buena idea y una decisión democrática” porque es él quien “está legitimado para llevar a cabo la transformación de Venezuela”. Además, subrayó que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, “sigue de cerca todo lo que ocurre” y que “se han activado los cauces consulares de protección” a la colonia española, integrada por 167.255 españoles inscritos en Venezuela a 1 de enero de 2018.

En cuanto al desarrollo de la jornada electoral del pasado domingo, la también ministra de Educación y Formación Profesional en funciones trasladó una felicitación a toda la ciudadanía por el “ejercicio de responsabilidad demostrado en las urnas” y por la “ejemplaridad” con la que transcurrió la jornada. Celaá hizo una mención especial a la cuestión de la ciberseguridad, y destacó que “todo se resolvió sin incidencias reseñables” y que todos los contratiempos “se detectaron de forma temprana y se resolvieron sin que afectaran a la recepción de datos y al escrutinio”.

Finalmente, y en cuanto a los asuntos abordados por el Consejo de Ministros, la ministra en funciones comentó que el Ejecutivo hará, hasta que se conforme un nuevo Gobierno “a pleno rendimiento”, un “seguimiento de los asuntos que requieran de respuestas rápidas y de servicio a la ciudadanía”. Este martes, en concreto, se acordó solicitar al presidente en funciones la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares por la vulneración de competencias del Estado.