Maricarmen no era un señuelo. Era una vida

Hay algo profundamente doloroso en la historia de Maricarmen. Algo que cuesta aceptar y que ninguna discusión política debería hacernos olvidar.

Una mujer de 87 años, que llevaba 71 viviendo en la misma casa, fue desahuciada el pasado 23 de septiembre. Salió en silla de ruedas, fue trasladada en camilla y terminó ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Allí pasó sus últimos quince días. El 7 de octubre falleció, sin haber podido regresar al lugar donde había transcurrido prácticamente toda su vida.

Mientras tanto, España asistía a una movilización extraordinaria por el derecho a la vivienda. Miles de personas salían a la calle, los vecinos lloraban su situación y muchas familias reconocían en aquella mujer el miedo que ellas mismas sienten cada vez que llega una subida del alquiler o una carta del propietario.

Y en medio de ese dolor, Alberto Núñez Feijóo decidió hablar de «manipulación emocional».

Es difícil encontrar una expresión más desafortunada para describir lo que tantas personas han sentido al conocer esta historia.

Porque lo de Maricarmen emociona. Claro que emociona. ¿Cómo no va a emocionar ver a una anciana perder el hogar donde ha vivido durante siete décadas? ¿Desde cuándo conmoverse ante el sufrimiento ajeno es una debilidad que los dirigentes políticos deban combatir?

Feijóo acusa a la izquierda de querer aprovechar electoralmente su muerte. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ido todavía más lejos al calificar a Maricarmen de «señuelo electoral».

Conviene detenerse un momento en esas palabras.

Maricarmen tenía nombre, tenía una historia y tenía una vida que defender. No era un señuelo. No era una estrategia de campaña. Era una mujer que quería seguir viviendo en su casa.

Y mientras su historia conmocionaba al país, el PP y Vox rechazaban participar en homenajes institucionales en Madrid. En el Ayuntamiento, sus concejales permanecieron sentados durante el minuto de silencio que guardó la oposición.

Lo justificaron denunciando una utilización partidista de la tragedia.

Sin embargo, hay una diferencia entre discutir sobre las intenciones de un adversario y reconocer públicamente el sufrimiento de una persona. No es necesario compartir una ideología para guardar silencio durante sesenta segundos.

Y resulta todavía más desconcertante que el PP sí participara en el homenaje celebrado en las Cortes Valencianas. La misma mujer, la misma tragedia, el mismo minuto de silencio. Distintas decisiones según la institución.

¿No merece esa contradicción una explicación?

Pero hay algo mucho más importante que los homenajes: las medidas que se aprobaron, las que se rechazaron y las que podrían impedir que otras personas pasen por una situación semejante.

El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar llevó al Congreso dos decretos que incluían protecciones frente a los desahucios de hogares vulnerables, prórrogas de alquileres, límites a determinadas subidas de renta y restricciones a operaciones inmobiliarias especulativas.

No eran promesas lanzadas durante un mitin. Eran propuestas legislativas concretas, con disposiciones que podían examinarse, modificarse y votarse.

El 2 de octubre fueron rechazadas con los votos del PP, Vox, Junts y otras formaciones.

Los partidos contrarios a los decretos alegaron que perjudicaban el mercado del alquiler, reducían la seguridad jurídica y podían acabar disminuyendo la oferta disponible. Son objeciones que deben analizarse seriamente.

Pero también deben responder a una cuestión igual de seria: ¿qué protección inmediata ofrecen a una persona mayor que está a punto de perder su hogar?

Porque hablar de construir nuevas viviendas está bien. Agilizar licencias puede ser necesario. Facilitar que los propietarios pongan sus pisos en alquiler también puede ayudar. Pero ninguna de esas medidas resuelve, por sí sola, la situación de quien tiene fijada una fecha de desahucio y no dispone de una alternativa adecuada.

Ahí es donde adquiere importancia la iniciativa del Gobierno.

PSOE y Sumar han defendido que la intervención pública es necesaria para proteger a los inquilinos vulnerables y evitar que la falta de recursos termine convirtiéndose en una expulsión sin solución residencial. Su propuesta reconoce algo fundamental: el mercado inmobiliario tiene reglas económicas, pero sus consecuencias afectan a seres humanos.

Eso no convierte automáticamente en eficaces todas las medidas del Ejecutivo. Tampoco borra su responsabilidad por los problemas que persisten después de años de Gobierno. La crisis de vivienda no apareció ayer y las políticas públicas aplicadas hasta ahora han sido insuficientes para resolverla.

De hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada bajo el Gobierno socialista de Felipe González, tuvo un papel decisivo en la extinción del antiguo contrato de Maricarmen. Conviene reconocerlo porque la responsabilidad política también exige revisar los errores propios.

Pero una legislación anterior que contribuyó al problema no invalida la necesidad de reformarla. Y el hecho de que una medida llegue tarde para una persona no significa que carezca de sentido para las demás.

El Gobierno aprobó de nuevo medidas urgentes el 6 de octubre, mediante un decreto que contempla la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y nuevas disposiciones de protección del alquiler.

Ahora corresponde debatir su eficacia, sus garantías y su continuidad.

Feijóo tiene derecho a defender una política diferente. Vox también. Lo que no deberían hacer es reducir toda esta discusión a una supuesta maniobra emocional del adversario.

Hay que hablar del coste de los alquileres, de las viviendas que faltan, de las familias que viven pendientes de una renovación contractual y de las personas mayores cuya seguridad depende de decisiones que no siempre comprenden ni pueden afrontar.

Hay que hablar, además, de la salud.

Maricarmen fue hospitalizada después del desalojo y falleció quince días más tarde. No existe, hasta este momento, una causa médica oficial que demuestre que el desahucio provocó directamente su muerte.

Pero tampoco debería trivializarse el impacto que puede tener sobre una persona de 87 años un acontecimiento de semejante dureza.

El médico Fernando Fernández Bueno explicaba en la Cadena SER que un estrés emocional intenso puede agravar patologías previas y acelerar un deterioro físico, aunque sin conocer el historial clínico de Maricarmen no sea posible establecer una relación causal directa en su caso.

Su abogada, Beatriz Duro, ha denunciado el deterioro sufrido durante el proceso judicial y considera que el desahucio tuvo consecuencias devastadoras para su salud.

Son testimonios que merecen ser escuchados con rigor, no utilizados como sustitutos de una conclusión médica.

Porque hay algo que nadie puede discutir: Maricarmen pasó de defender públicamente su derecho a permanecer en su vivienda a pasar sus últimos días ingresada en un hospital.

Y había una salida.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid intervino para alcanzar un acuerdo que le habría permitido regresar a su domicilio. El acuerdo llegó cuando ella ya estaba hospitalizada. Murió antes de poder volver.

Esa circunstancia resulta especialmente difícil de asumir.

Si finalmente se encontró una fórmula para que pudiera quedarse, resulta imprescindible averiguar por qué no fue posible alcanzarla antes del desalojo. También hay que examinar las alternativas que le ofrecieron los servicios sociales y si respondían realmente a sus necesidades.

Almeida reivindica que el Ayuntamiento consiguió facilitar su regreso. Es justo reconocer esa intervención. Pero también es legítimo preguntar por qué la solución definitiva llegó después de que una mujer de 87 años hubiera tenido que abandonar su hogar.

La discusión sobre Maricarmen debería obligar a todas las administraciones a revisar sus procedimientos, no a limitarse a intercambiar reproches.

Y debería servir para recordar que la vivienda no es una cuestión abstracta.

Para un inversor puede ser un activo. Para un propietario, una fuente de ingresos o el resultado de muchos años de trabajo. Para una familia, la mayor inversión de su vida.

Para una persona como Maricarmen era el lugar donde había envejecido, el espacio que conocía, su independencia, sus vecinos y buena parte de su identidad.

El derecho de propiedad merece garantías. También las merece el derecho a una vivienda digna. Precisamente por eso hacen falta leyes capaces de establecer límites, responsabilidades y soluciones razonables cuando ambos intereses entran en conflicto.

Y ahí es donde debe producirse el verdadero enfrentamiento político: en las propuestas, en los votos, en los recursos disponibles y en los resultados.

No en determinar quién tiene permiso para emocionarse.

A Feijóo se le pueden exigir explicaciones sobre las alternativas de su partido a los decretos rechazados. A Vox, sobre cómo protegería a los inquilinos vulnerables mientras apuesta por una regulación distinta. Al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, sobre la actuación de sus servicios sociales y de vivienda. Y al Gobierno de PSOE y Sumar, sobre la eficacia real de sus medidas y las razones por las que no se adoptaron antes otras soluciones.

Eso es pedir responsabilidades. Lo demás corre el riesgo de convertir una tragedia en una pelea interminable de declaraciones.

Maricarmen no necesitaba convertirse en protagonista de una campaña electoral. Necesitaba la tranquilidad de saber que podía seguir viviendo en su casa.

No pudo ser.

Lo que queda ahora es una pregunta que debería incomodar a todos los responsables públicos: ¿cuántas personas tendrán que vivir una situación semejante antes de que la protección de los más vulnerables deje de depender de una movilización ciudadana, de la repercusión mediática o de la voluntad de última hora de las administraciones?

El último tramo de la vida de Maricarmen estuvo marcado por un proceso judicial, un desalojo, una hospitalización y una lucha desesperada por regresar a su hogar.

Merece que se investigue lo sucedido, que se escuche a quienes la acompañaron y que se revisen los mecanismos que fallaron o resultaron insuficientes.

Y merece, por encima de todo, que la indignación no se agote cuando desaparezcan los titulares.

Porque, al final, lo más triste de esta historia no es que los políticos discutan sobre Maricarmen.

Es que Maricarmen murió sin poder volver a su casa, mientras seguíamos discutiendo cómo evitar que algo así volviera a ocurrir.

Antonio J. Rodríguez Soler

Secretario de Memoria Democrática del PSOE Elx