Gabriela Bravo anuncia el inicio de la reforma de la Ley de Espectáculos “para cerrar los burdeles que se esconden como establecimientos de ocio y multar a los clientes”
La consellera presenta el decálogo de medidas "que hace que la Comunitat sea la primera en abrir el proceso para abolir la prostitución en España"
Propone el cambio de la ley valenciana de violencia de género “para que se reconozca a las prostituidas como víctimas del terrorismo machista”
Insta al Gobierno central y a las Cortes Generales a elaborar una ley integral y la reforma del Código Penal para castigar la tercería locativa y el rufianismo
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que este miércoles ha firmado la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat, de forma que se pueda sancionar con multa y clausura del local aquellos establecimientos que, “camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución”.
Esta es una de las diez medidas que la consellera ha detallado este miércoles y que han sido elaboradas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que, durante el último año, ha reunido a más de 30 personas expertas de todos los ámbitos.
Para la consellera, el Foro “nos ha permitido confeccionar un diagnóstico preciso sobre la prostitución en la Comunitat Valenciana y ha aportado propuestas para definir diez acciones de una estrategia abolicionista para luchar contra esta forma de violencia de género”.
Las diez medidas incluyen reformas normativas en el ámbito estatal, autonómico y local, así como iniciativas asistenciales para las mujeres prostituidas y acciones de formación y sensibilización, tanto para los profesionales que están en contacto con estas mujeres como de la ciudadanía en general.
En el ámbito de las competencias de la Generalitat, la consellera ha explicado que “esta misma mañana he firmado la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos” con la que se podrá “perseguir y sancionar a los propietarios de burdeles que se esconden tras fachadas de negocios hosteleros o de ocio”.
Para ello, en la reforma se contempla la sanción con multa y clausura del local aquellos establecimientos que permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución.
El cierre se extenderá, incluso, en el caso de que el responsable haya cesado en la actividad y sea otro quien solicite la apertura. También se prohibirán los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual y se establece como sanción administrativa la demanda de sexo pagado tanto en locales y establecimientos públicos como en las carreteras que son competencia de la Generalitat.
Otra propuesta destacada del decálogo es la modificación de la ley autonómica contra la violencia sobre la mujer para que reconozca a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género, “lo que garantizará el acceso de estas mujeres a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista”, según la consellera.
Además, la titular de Justicia del Consell ha anunciado que su departamento elaborará un Modelo Único de Ordenanza Abolicionista “que se ofrecerá a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género y no como un problema de orden público, sancionando al putero y protegiendo a la víctima tal y como ocurrió la semana pasada en la localidad valenciana de Albal”.
Por otra parte, en el decálogo se propone aumentar el parque público de viviendas “y que se considere a las mujeres prostituidas como un colectivo prioritario” para acceder a estos recursos habitacionales.
También se aboga por el refuerzo de los recursos formativos para ofrecer salidas socio laborales a estas mujeres mediante itinerarios específicos por su condición de víctimas de prostitución y, por último, potenciar el programa ALBA de la Generalitat para la salida de la explotación sexual y extender su acción para que sea accesible a cualquier víctima de la prostitución en la Comunitat Valenciana.
La necesidad de una ley integral y reformas estatales
Bravo ha asegurado que “es consciente” de que “dado la complejidad del problema” no se podía “solucionarlo en solitario”. Por ello ha explicado que el decálogo incluye “instar al Gobierno y a las Cortes Generales” a la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución “ya que es la respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género”.
Para la consellera, con su aprobación, “daremos cumplimiento a lo que establece el Convenio de Estambul que fue ratificado por España y que reconoce a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género”.
Por ese motivo, “la ley debe actuar en tres direcciones”, según la consellera. En primer lugar,” la persecución del proxenetismo en todas sus formas”, lo cual conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima).
En segundo lugar, la sanción penal de la demanda y compra de sexo “porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar”.
Por último, “la protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, con todo lo que ello implica”, lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.
Para la consellera, la aprobación de esta ley integral, además, debe incorporar modificaciones normativas como la reforma de la ley de Extranjería para incluir una vía extraordinaria de regularización de las mujeres víctimas de prostitución; la eliminación del requisito de colaboración de la víctima en la investigación para acceder al retorno asistido o a la regularización; la creación de itinerarios de regularización de extranjeras para la obtención de permisos de residencia y trabajo y la eliminación de la sanción administrativa que se recoge en la Ley de Seguridad Ciudadana para las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución.
“Estamos ya el camino para que la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía en abrir el proceso para abolir la prostitución en España. Un proceso en el que aportamos medidas concretas, reformas legales y propuestas viables para acabar con este tipo de terrorismo machista”, ha concluido Gabriela Bravo.
