El PSOE reclama a Barcala que cumpla con la iniciativa del Consell para abolir la prostitución

El Partido Socialista de Alicante pide al bipartito que se haga eco de las medidas anunciadas por la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, que ha firmado la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat Valenciana, de forma que se pueda sancionar con multa y clausura del local aquellos establecimientos que, «camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución».

El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha recordado el compromiso de Ximo Puig en abolir la prostitución en la Comunitat Valenciana, como lo demuestra la reforma de la ley antes anunciada. “El PSOE ha recogido el guante y es un partido abolicionista y se ha puesto en cabeza en el estudio, trabajo y propuestas para materializar la abolición de la prostitución”.

En este sentido, la responsable de Igualdad en la comarca de L´Alacantí, Llanos Cano, recuerda que hace dos años que pedimos al equipo de gobierno un censo de locales y la revisión de las licencias, “encontrándonos con una negativa por su parte. Pediremos de nuevo que se realice aprovechando la valentía, la iniciativa abolicionista del PSPV y un nuevo marco legal que lo posibilita”.

Cano afirma que también se prohibirán los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual y se establece como sanción administrativa la demanda de sexo pagado tanto en locales y establecimientos públicos como en las carreteras que son competencia de la Generalitat Valenciana.

Según una resolución del Parlamento Europeo de 2014, que cita distintas declaraciones como la Declaración de las Naciones Unidas y convenciones internacionales, se considera que “la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial” y define ambas como “formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales”.

La Unión Europea instó entonces a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir “la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género”.