
El Grupo Socialista en Les Corts Valencianes ha lanzado este viernes una ofensiva política contra el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al que exige explicaciones inmediatas sobre «por qué tanta prisa para aprobar la ley del suelo y para quién se aprueba». El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha denunciado que el Consell de PP y Vox está forzando el reglamento parlamentario y recortando los derechos de la oposición para sacar adelante por la vía de urgencia una norma diseñada «al servicio de la especulación, de los promotores y de los fondos buitre», advirtiendo de que este atropello legislativo «puede ser el preludio de una corrupción urbanística incontrolada en la Comunitat Valenciana».
Muñoz ha puesto en evidencia el doble rasero del ejecutivo autonómico: tras mantener el anteproyecto guardado en un cajón durante dos años, PP y Vox han activado ahora una tramitación exprés sin precedentes en la historia de la Cámara. Para el dirigente socialista, esta aceleración resulta escandalosa si se atiende a la demolición técnica que ha sufrido el texto. La normativa acumula 50 reparos esenciales del Consell Jurídic Consultiu, serias objeciones de la Abogacía de la Generalitat e incluso alegaciones del propio Ayuntamiento de València —gobernado por la popular María José Catalá—, que ha alertado del carácter especulativo de la reforma. «La urgencia lleva a la falta de controles y la falta de controles lleva a la corrupción», ha sentenciado el portavoz socialista.
Una ley escrita por promotores y la sombra de pelotazos familiares
El síndic del PSPV ha subrayado que mientras el Consell ignora las advertencias sobre el peligro de construir en zonas inundables y recorta la reserva de suelo para vivienda pública por debajo de los estándares estatales, representantes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante llegaron a presentarse como coautores del texto durante el proceso de participación. «Al final siempre ganan los especuladores y los fondos buitre y pierde el conjunto de la ciudadanía», ha reprochado Muñoz.
Asimismo, el portavoz socialista ha vinculado directamente la precipitación parlamentaria con las informaciones sobre un dosier que apunta a presuntos pelotazos urbanísticos en terrenos vinculados a empresas de la familia de Pérez Llorca, que habrían obtenido importantes plusvalías tras la aprobación de planes generales. Muñoz ha confirmado que el PSOE investiga estos hechos hasta las últimas consecuencias y ha recalcado que «no cree en las casualidades», censurando además que la derecha aprovechara precisamente la jornada de huelga general por el derecho a la vivienda para impulsar una ley que mercantiliza el territorio.