El PSPV-PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Ayuntamiento de Finestrat al bufete Estudi General Advocats i Asessor, vinculado al abogado y exdiputado del Partido Popular David Serra, condenado en 2018 por el caso Gürtel. El escrito, dado a conocer este martes por el secretario de Organización socialista, Vicent Mascarell, y el síndic en Les Corts, José Muñoz, apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y cohecho, señalando la actuación del actual president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, durante su etapa como alcalde de dicha localidad.
Según explicaron los dirigentes socialistas en declaraciones a los medios, la denuncia tiene su origen en un dosier anónimo que atribuyen a sectores internos del propio Partido Popular. Mascarell sostuvo que el escrito presentado ante el Ministerio Público constituye «la primera de otras posibles denuncias» y urgió a la justicia a examinar unos hechos que, a su juicio, apuntan a presuntas irregularidades en la gestión municipal. Por su parte, Muñoz reclamó al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que analice el contenido de la documentación e intervenga ante lo que calificó como una «relación sospechosa» entre los contratos adjudicados —valorados en torno a los 400.000 euros— y posibles vínculos profesionales con el entorno empresarial de la familia de Pérez Llorca.
Detalles de los expedientes y postura del Partido Popular
En el escrito remitido a la Fiscalía, el PSPV-PSOE solicita que se investiguen diversas anomalías detectadas en los expedientes de contratación de 2018 y 2023. Entre los puntos señalados figuran la exclusión de la oferta económica más ventajosa en 2018 por un supuesto incumplimiento de plazo, dudas sobre la solvencia económica y el seguro del despacho en la licitación de 2023, la adscripción comprometida de diez letrados pese a la estructura societaria registrada, y la asignación de puntos por prestaciones relativas a la defensa de autoridades municipales que, según los denunciantes, estaban excluidas del pliego. Asimismo, los socialistas piden esclarecer si el bufete prestó servicios jurídicos a familiares del president o a sociedades relacionadas con sus negocios.
Desde el Partido Popular han rechazado el contenido de la denuncia y han enmarcado la iniciativa socialista en una «campaña de difamación» en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes populares subrayan que los procedimientos de adjudicación en el Ayuntamiento de Finestrat estuvieron supervisados por mesas de contratación integradas exclusivamente por personal técnico, sin intervención política, limitándose el entonces alcalde a firmar el decreto de resolución propuesto por dichos técnicos.