El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los criterios de distribución para 2027 del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, un mecanismo gestionado a propuesta de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. Este fondo, que se nutre directamente de los recursos confiscados por sentencia firme, mantuvo durante el último ejercicio un volumen de asignación de 38 millones de euros, de los cuales 20 millones se destinaron a reducir la demanda y 16,5 millones al control de la oferta.
La dotación económica financiará programas específicos de prevención frente a nuevas sustancias y patrones de consumo emergentes, prestando especial atención a los problemas de salud mental asociados. Asimismo, las actuaciones asistenciales y de inserción social y laboral se enfocarán en colectivos vulnerables —como menores en riesgo, población reclusa y personas migrantes—, incorporando de manera transversal la perspectiva de género y la diversidad sexual.
En el ámbito del control de la oferta y la represión del delito, el acuerdo contempla la mejora de los medios tecnológicos y materiales destinados a la investigación policial contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. El plan también incluye la financiación de proyectos de investigación científica, formación especializada de profesionales y programas de cooperación internacional.