El Ejecutivo ha convertido este martes la acción protectora del Estado del bienestar en su principal dique de contención frente a la vulnerabilidad y la desigualdad estructural. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado el núcleo ideológico de la acción reformista del Gobierno: la política útil y con vocación transformadora frente al ruido y el negacionismo. Con la aprobación de un ambicioso Real Decreto-Ley de mejora de la Seguridad Social, el Ejecutivo amplía derechos y da cobertura a realidades tradicionalmente ignoradas por los marcos normativos clásicos.
“Lo que hace una política responsable es dar respuestas útiles que mejoran la vida de las personas”, ha sentenciado Saiz, situando la cohesión social en el centro de la acción gubernamental. La norma introduce un avance pionero al reconocer nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal sin periodo de carencia: desde las patologías incapacitantes asociadas a la menopausia hasta las trabajadoras que sufren violencia de género, garantizando coberturas reforzadas desde el primer día. Un golpe de timón político que desactiva los argumentarios de la derecha e interpela directamente a la dignificación del trabajo y la salud de las mujeres.
Ampliación de derechos sociales y corresponsabilidad
El nuevo texto normativo no solo visibiliza brechas históricas, sino que reorienta la arquitectura de protección pública hacia las familias y los colectivos más vulnerables. Entre las medidas clave destaca la equiparación y flexibilidad en la prestación por cuidado de menores con enfermedades graves, permitiendo que ambos progenitores cobren de forma alternativa o simultánea para fomentar una “corresponsabilidad real que hasta ahora no se contemplaba”. Asimismo, se facilita el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho con hijos en común acreditando dos años de convivencia, se triplica hasta los 300 euros mensuales el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos y se duplica el tope de la prestación de orfandad por violencia machista en relación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
“Esto es lo que hace un gobierno responsable frente a los negacionistas de la violencia de género”, ha enfatizado Saiz, reivindicando el feminismo institucional como política de Estado. En la misma línea, el decreto equipara las indemnizaciones de todas las víctimas de terrorismo con independencia de la existencia de sentencia penal previa, cerrando de este modo otra deuda histórica de la democracia.
Impulso a la vivienda asequible y apoyo al sector primario
La ofensiva de transformación social del Ejecutivo se ha completado con el despliegue de recursos en áreas estratégicas defendidas por los ministros socialistas. La titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha detallado la inyección de 180 millones de euros dirigidos a las comunidades autónomas con mercados residenciales tensionados —que ya protegen a más de nueve millones de ciudadanos en 317 municipios—, además de otros 45 millones destinados a ampliar el parque público de alojamiento universitario.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha blindado el respaldo institucional al campo español elevando al 70% la subvención de los seguros agrarios y articulando compensaciones directas frente a crisis climáticas y epizootias. Con este conjunto de medidas, el Gobierno de coalición consolida un modelo económico y social donde la intervención pública actúa como garantía insustituible de equidad, estabilidad y progreso.