Hay una constante insoportable en la política española: si la idea viene del Gobierno de Pedro Sánchez, automáticamente para la derecha es un ataque a la Constitución, al Estado de derecho o a la civilización occidental. Da igual que se trate de subir el salario mínimo, de revalorizar las pensiones o, en este caso, de reparar una deuda histórica con los descendientes del exilio a través de la Ley de Memoria Democrática.
La llamada Ley de Nietos no hace más que devolver la ciudadanía a quienes la perdieron porque sus familias tuvieron que huir de España con lo puesto. Es de justicia elemental. Sin embargo, en cuanto se ha conocido la cifra de nuevos nacionalizados y su inclusión en el censo electoral CERA, el PP y Vox han vuelto a activar la maquinaria del alarmismo.
La postura de las derechas no sorprende a nadie a estas alturas. PP y Vox operan desde hace años en un “no” patológico a todo lo que proponga este Ejecutivo. No hay debate de fondo, ni análisis de país, ni empatía con la diáspora. Solo hay un cálculo electoralista permanente y una desconfianza enfermiza hacia las reglas del juego cuando no son ellos quienes reparten las cartas.
Detrás de este rechazo a que casi 170.000 nuevos españoles ejerzan su derecho al voto no hay un celo por la legalidad ni por la pureza del censo. Lo que hay es el verdadero motor que mueve a Feijóo y a Abascal: un ansia desmedida de llegar a la Moncloa como sea y al precio que sea. Para la derecha radicalizada, el Gobierno actual es “ilegítimo” por definición, y cualquier ciudadano que pueda votar y no encaje en su modelo ideal de español es visto como una amenaza a sus aspiraciones de poder.
Llegaron a sugerir que estos votos deformaban la voluntad nacional, como si un español que vive en Buenos Aires o en México fuera un ciudadano de segunda. Y cuando el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente la inscripción de estos nacionalizados en el censo, PP y Vox celebraron la noticia no por rigor jurídico, sino porque creyeron encontrar un atajo para restar apoyos al bloque progresista.
Afortunadamente, la Abogacía del Estado ha reaccionado con firmeza recurriendo esa decisión. Porque los derechos democráticos no se suspenden por prevención ni por el nerviosismo electoral de la oposición. Reconocer a los nietos del exilio es un acto de dignidad democrática que la izquierda, sobre todo el PSOE, ha impulsado con orgullo. Que la derecha siga atrincherada en el bloqueo y en su prisa desbocada por asaltar el poder solo demuestra que, para ellos, España siempre ha sido un patrimonio exclusivo y no un proyecto común donde quepan todos.
Antonio J. Rodríguez Soler
Secretario de Memoria Democrática