El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Elche, Héctor Díez, ha acusado al alcalde, Pablo Ruz, de haber trasladado a los ciudadanos una información incorrecta sobre los permisos para la limpieza de varios cauces del municipio. Díez sostiene que el Ayuntamiento disponía desde el 7 de septiembre de una autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para realizar trabajos de mantenimiento en los barrancos de San Antón y El Grifo y en el río Vinalopó.
El dirigente socialista ha mostrado este martes un documento que, según ha explicado, entró en el registro municipal el 7 de septiembre y autorizaba al Ayuntamiento durante dos años a efectuar distintas actuaciones de conservación en esos cauces.
La polémica se remonta al 18 de septiembre, cuando Ruz y el concejal de Limpieza comparecieron en el barranco de San Antón y afirmaron que el Ayuntamiento estaba realizando labores de limpieza sin contar con autorización de las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura.
El PSOE municipal sostiene, sin embargo, que 11 días antes de aquella comparecencia el consistorio ya había recibido la resolución de la CHJ.
“Limpiar los barrancos está muy bien, pero engañar a los ilicitanos y renunciar a fondos económicos del Gobierno de España para limpiarlos está muy mal”, ha afirmado Díez. El portavoz socialista considera que Ruz debe aclarar si conocía la resolución cuando hizo aquellas declaraciones o si, por el contrario, desconocía la existencia de un documento que ya había llegado al Ayuntamiento. “En cualquier caso, tendrá que explicarlo”, ha señalado.
Una autorización por dos años
La resolución mostrada por Díez permite, según la información facilitada por el grupo socialista, trabajos de desbroce de vegetación y pequeñas actuaciones de mantenimiento en los cauces.
Entre las intervenciones autorizadas figuran la poda, la retirada de árboles muertos, la eliminación del exceso de vegetación que pueda obstaculizar el paso del agua, la retirada de ramajes y otros elementos acumulados en el cauce, así como la recogida de residuos sólidos.
La autorización afecta al barranco de San Antón, el barranco de El Grifo y el río Vinalopó.
El Ayuntamiento también había solicitado permiso para actuar en los barrancos de Los Arcos, Barbasena y Manchón. Estos cauces, según ha explicado Díez, pertenecen a la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y no a la del Júcar, por lo que la CHJ no es el organismo competente para autorizar esas intervenciones.
El portavoz socialista ha reprochado al Gobierno municipal que dirigiera inicialmente esas solicitudes al organismo equivocado y ha vinculado esa circunstancia con lo que considera una falta de gestión por parte del Ejecutivo local.
Un convenio pendiente desde mayo de 2025
Díez también ha centrado sus críticas en un convenio de colaboración remitido por la Confederación Hidrográfica del Segura al Ayuntamiento el 19 de mayo de 2025.
Según el portavoz socialista, el documento planteaba que ambas administraciones colaboraran durante cuatro años en actuaciones de conservación, limpieza y desbroce de los cauces pertenecientes a la demarcación del Segura, con aportaciones económicas de las dos instituciones.
Díez asegura que el Ayuntamiento no ha respondido todavía a aquella propuesta.
El portavoz ha citado los casos de Orihuela, Almoradí y Benejúzar como municipios que sí habrían formalizado acuerdos similares con la Confederación del Segura y ha reprochado a Ruz que no haya avanzado en la negociación del convenio de Elche.
Para Díez, la falta de respuesta supone desaprovechar la posibilidad de compartir con la Administración central el coste de las actuaciones en los barrancos.
El socialista ha acusado al Gobierno municipal de priorizar la confrontación política con el Ejecutivo central frente a la colaboración institucional. Se trata de una valoración del Grupo Municipal Socialista que el alcalde y el equipo de gobierno deberán, en su caso, responder.
La controversia se centra ahora en dos cuestiones: qué conocimiento tenía el Gobierno municipal de la autorización recibida el 7 de septiembre cuando compareció públicamente 11 días después y por qué continúa pendiente el convenio planteado por la Confederación Hidrográfica del Segura en mayo de 2025.