El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Elche, Héctor Díez, ha presentado una moción para el pleno de septiembre en la que insta al Consell a rectificar el incremento del 7% aplicado al precio máximo de la vivienda de protección pública (VPP). La iniciativa reclama, además, medidas autonómicas y municipales que compensen el impacto del encarecimiento de la vivienda sobre jóvenes y familias.
La Generalitat aprobó el pasado 13 de agosto una resolución que eleva el valor estándar del módulo de la VPP de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado. Según los cálculos del grupo socialista, esta modificación supone un aumento de algo más de 15.000 euros para una vivienda protegida de 90 metros cuadrados.
“No podemos aceptar que, en un momento de enormes dificultades para comprar o alquilar una vivienda, la respuesta del Consell sea encarecer en más de 15.000 euros una VPP de 90 metros cuadrados”, ha afirmado Díez. “En lugar de reducir costes o adoptar medidas que alivien el esfuerzo de las familias, el Gobierno valenciano introduce una nueva barrera de acceso”, ha añadido.
El portavoz socialista también ha señalado que el precio del módulo se situaba en 2.200 euros por metro cuadrado en 2023. Desde entonces, el incremento acumulado alcanza los 368 euros por metro cuadrado, lo que se traduce en más de 33.000 euros adicionales para una vivienda de 90 metros cuadrados.
“Desde que el PP gobierna la Generalitat, una vivienda protegida de estas características se ha encarecido en más de 33.000 euros, sin que se hayan puesto en marcha incentivos suficientes para compensar a quienes necesitan acceder a ella”, ha sostenido Díez.
Incertidumbre sobre el Plan Casa Fácil
La moción también plantea la repercusión que esta subida podría tener sobre las promociones previstas en Elche dentro del Plan Casa Fácil, mediante el cual empresas privadas construirán viviendas protegidas en suelo público.
Díez ha reprochado al alcalde, Pablo Ruz, que no se haya pronunciado sobre las consecuencias del nuevo precio máximo. “El alcalde habla de las obras que se van a ejecutar, pero todavía no ha explicado cómo afectará esta subida a las viviendas del Plan Casa Fácil ni qué medidas piensa adoptar para evitar que resulten menos accesibles”, ha señalado.
El Grupo Municipal Socialista solicita que se aclare si el incremento aprobado por la Generalitat se trasladará a estas promociones y qué impacto tendrá sobre el precio final que deberán pagar los futuros compradores.
Ayudas municipales para jóvenes y familias
Los socialistas cuestionan asimismo los límites establecidos por el Consell para acceder a las ayudas al alquiler joven. Según Díez, estas subvenciones únicamente contemplan contratos con rentas mensuales de hasta 800 euros, pese a que una parte creciente de la oferta disponible supera esa cantidad.
El portavoz ha recordado que los alquileres se han encarecido un 7,7% durante el último año y considera que el límite fijado deja fuera a numerosos jóvenes que, pese a necesitar apoyo, no pueden optar a las ayudas.
Por este motivo, el PSOE vuelve a pedir al Gobierno municipal de PP y Vox que incorpore en el presupuesto de 2027 una partida específica de ayudas al alquiler para jóvenes y familias. La cuantía, sostiene, deberá ajustarse tanto a la población de Elche como a los precios reales del mercado.
La propuesta reclama también recuperar y ampliar las ayudas municipales para el pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), cuya dotación presupuestaria se redujo este año en 200.000 euros. Los socialistas plantean, además, revisar al alza el límite de valor catastral utilizado para concederlas, con el objetivo de que puedan alcanzar a un mayor número de hogares.
Más vivienda pública y una ordenanza para los cambios de uso
La moción defiende igualmente la creación de un parque público de vivienda asequible con carácter permanente, que permita ampliar la oferta residencial y evitar que los inmuebles protegidos terminen incorporándose al mercado libre.
Por último, el PSOE exige que el Ayuntamiento apruebe antes de que termine el año la ordenanza reguladora de los cambios de uso de locales comerciales a viviendas, anunciada hace nueve meses.
Díez ha advertido de que ya se están concediendo licencias en calles comerciales y ejes principales de la ciudad. A su juicio, la futura normativa debe preservar estas zonas para la actividad económica y orientar las autorizaciones hacia vías en las que la transformación de locales resulte compatible con el modelo urbano.
“No se trata de impedir los cambios de uso, sino de regularlos con criterios claros, proteger los principales ejes comerciales y garantizar que las nuevas viviendas reúnen las condiciones adecuadas”, ha concluido.