El PSPV-PSOE ha levantado la voz contra una alarmante inequidad legal en la Comunitat Valenciana, donde las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran en la paradójica situación de competir con una asociación erróneamente nombrada de hombres maltratados por acceder a subvenciones públicas. En una rueda de prensa posterior a la junta de síndicos, el síndic del Grupo Socialista en Les Corts, José Muñoz, anunció que los socialistas exigirán información sobre la inscripción en el registro de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados, presentando una iniciativa para impedir que esta entidad reciba ayudas públicas destinadas a combatir la violencia de género.
Muñoz expresó su preocupación por el rumbo que está tomando la región, destacando que “un día más queda demostrado que Mazón asume como propias las tesis de la ultraderecha”. Afirmó que permitir que esta asociación acceda a subvenciones públicas destinadas a la lucha contra la violencia de género es una clara vulneración de la legislación básica del Estado y de los derechos fundamentales, lo que está convirtiendo a la comunidad en una mal llamada “mal llamada concordia, mal llamada hombres maltratados y mal llamada moderación de Mazón”.
Además de esta preocupante situación, Muñoz señaló que el Partido Popular, liderado por Mazón, está siguiendo el modus operandi del zaplanismo, buscando controlar la Agencia Antifraude, incluso vulnerando la ley al presentar a una persona vinculada con el expresidente Eduardo Zaplana para presidir la agencia. Ante este panorama, el Grupo Socialista presentará un recurso de amparo al Constitucional debido al apagón informativo que el Partido Popular está realizando a la oposición, negándoles el acceso a la información sobre el Bono Turístico.
Muñoz destacó la importancia de conocer el número de beneficiarios del Bono Turístico, subrayando que durante legislaturas pasadas, el Partido Popular siempre tuvo acceso a esta información, pero ahora han decidido bloquearla a la oposición. “Pedimos amparo al Constitucional porque tememos que se siente un precedente y se nos acabe negando de forma reiterada el acceso a la información”, concluyó.