Ana Domínguez condena que “el PP se alíe con la extrema derecha y no rechace de forma contundente la presencia de condenados por violencia machista en las instituciones”
La vicesecretaria general y de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, señala que “lo vivido en la Diputación de Alicante demuestra cuál es la hoja de ruta de la derecha en la defensa de las mujeres: mirar hacia otro lado”: “Mazón le ha comprado el discurso a VOX”
Domínguez destaca que “los y las socialistas no descansaremos hasta que tengamos unas instituciones libres de condenados por atentar contra la integridad de las mujeres y una protección integral para todas las víctimas de esta lacra”
La vicesecretaria general y de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, ha condenado hoy que “el Partido Popular se alíe con la extrema derecha y no rechace de forma contundente la presencia de condenados por violencia machista en las instituciones”. Así se ha manifestado Domínguez después de que el Partido Popular no votará a favor en la Diputación de Alicante a la propuesta socialista de excluir a los condenados por violencia de género en las instituciones valencianas algo que ha calificado como “inaceptable y bochornoso”: “Mazón le ha comprado el discurso a VOX”.
En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que “lo vivido ayer en la Diputación de Alicante demuestra cuál es la hoja de ruta de la derecha en la defensa de las mujeres: mirar hacia otro lado” y ha lamentado que “un partido político que dice estar comprometido con el progreso de los derechos de las mujeres vea con buenos ojos y acepte las doctrinas de la ultraderecha que niega la violencia más atroz que, desgraciadamente, sufrimos la mitad de la población por el simple hecho de ser mujeres“. “Con sus votos han quedado retratados”, ha insistido.
Asimismo, Domínguez ha destacado que “los y las socialistas no descansaremos hasta que tengamos unas instituciones libres de condenados por atentar contra la integridad de las mujeres y una protección integral para todas las víctimas de esta lacra”. “Es inadmisible que una persona que ha sido condenada por ejercer la violencia contra la mujer forme parte de organismos públicos”, ha concluido.