El Ayuntamiento de Elche archiva el expediente disciplinario al arqueólogo municipal por las exhumaciones de la fosa común del Cementerio Viejo, donde descansan víctimas de la represión franquista. El concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad, ha informado a mediodía que la Técnico de Administración General (TAG) instructora del expediente, basándose en la declaración del investigado y del informe de Secretaría General, ha resuelto que los hechos no constituyen infracción administrativa y que no dan lugar a responsabilidad disciplinaria administrativa, “por lo tanto, señalamos que le expediente al arqueólogo queda archivado”, ha manifestado el edil.
“No se detecta actuación alguna que conlleve responsabilidad administrativa o penal, ni ha existido perjuicio económico derivado ni enriquecimiento ilegal por parte de la administración”, ha afirmado Abad, subrayando la inexistencia de temas relativos a contratación pública en el proceso selectivo de la bolsa de trabajo de arqueólogo. “Por lo tanto, la instructora resuelve archivar todas las actuaciones del expediente disciplinario”, ha dicho, apostillando que, al no existir dolo, el empleado público ni siquiera será apercibido o sancionado.
Una investigación administrativa finalizada
Tal como ha recordado Abad, el 1 de diciembre de 2021 el Consistorio incoó un expediente de información reservada arqueólogo municipal por las presuntas irregularidades denunciadas por grupos políticos en las excavaciones en el Cementerio Viejo y también por presuntas irregularidades detectadas en la tramitación del expediente. Unas de las conclusiones del TAG instructor es que se aportaron suficientes indicios para emprender un expediente sancionador más profundo.
De ahí, ha continuado explicando el teniente de alcalde, que el 28 de abril de 2022 se incoara la apertura del expediente disciplinario y la TAG instructora del mismo tomara declaración al técnico el 9 de junio y, además, tuviese en cuenta el informe de la Secretaría General para resolver el expediente. La instructora determinó que en dicho informe el secretario reflejaba que se detectaba confusión entre la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y la contratación de tales trabajos con un contrato menor.
Asimismo, en el informe de Secretaría se indica que la confusión pudo estar propiciada por el documento de Conselleria denominado “carta de adjudicación” a la empresa Drakkar Consultores. También resalta la falta de experiencia de los técnicos intervinientes, la premura requerida por la Conselleria y los errores en la redacción de las bases de la subvención.
Una vez finalizado el expediente administrativo disciplinario, el Equipo de Gobierno espera igual resolución para la causa penal “de la misma manera, con absoluto respeto a lo que determine la justicia”, ha concluido Abad.