El PSPV-PSOE pide incluir las denuncias sobre bebés robados en la investigación de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica
La portavoz de Memoria Histórica del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Mercedes Caballero, destaca la urgencia de “dar a conocer la verdad a las familias implicadas en los supuestos casos de robos de bebés”
La iniciativa propone recopilar toda la documentación existente en las diferentes administraciones y asociaciones sobre los casos de bebés robados en la Comunitat Valenciana
El PSPV-PSOE ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en Les Corts Valencianes para incluir las denuncias sobre bebés robados en la investigación de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica que se va a llevar a cabo en el Congreso de los Diputados a instancias del PSOE. La iniciativa, presentada por la portavoz de Memoria Histórica del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Mercedes Caballero, propone además recopilar toda la documentación existente en las diferentes administraciones y asociaciones sobre los casos de bebés robados en la Comunitat Valenciana.
En este sentido, Caballero ha recalcado que según los estudios realizados sobre la desaparición forzosa de bebés acaecidas durante la guerra, la dictadura franquista y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978 “la mayoría de los casos conocidos se produjeron en instituciones regentadas por la Iglesia católica: “Tienen la obligación moral de dar cuenta de toda la documentación recopilada con el fin de sacar a la luz la verdad”.
Asimismo, la dirigente socialista ha lamentado que “las trabas que ha puesto la Iglesia para acceder a esta documentación” y ha recordado que “debido a esta imposibilidad se ha entorpecido la clarificación de muchas de estas desapariciones”. “Esta opacidad ha impedido a muchas familias conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos e hijas, madres y padres, e incluso si realmente fueron objeto de supuestos robos”, ha alertado Caballero.
Con ello, la portavoz de Memoria Histórica del PSPV-PSOE en Les Corts ha reiterado que “los poderes públicos tenemos la responsabilidad constitucional de amparar a las víctimas, y para ello debemos adoptar todas las medidas necesarias que nos lleven a averiguar y esclarecer estos hechos”. “Estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar”, ha concluido.
