Susana Ros: esta ley “forma parte del ADN de los y las socialistas y de nuestro compromiso con la igualdad y con el pleno respeto a los derechos humanos”
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta mañana en el Congreso la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Con esta iniciativa, los socialistas buscan que España no sea una excepción en la UE sobre medidas de igualdad de trato, prevención y lucha contra los discursos de odio. “Para los socialistas nunca se ha tratado de elegir entre libertad o igualdad. Se trata de ser igualmente libres. Eso es lo que impulsa está ley”, ha destacado la portavoz socialista, Adriana Lastra, para quien “garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación” son algunas de las metas de esta ley “que hace nuestra sociedad más igual y más justa”, apostilla la también vicesecretaria general del PSOE.
Esta iniciativa, que había sido presentada en el Parlamento en otras dos ocasiones sin llegar a aprobarse, se basa en dos principios fundamentales: el derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato. Con esta norma, se da cumplimiento a lo recogido en los últimos programas electorales y a las resoluciones del 39 Congreso Federal.
En opinión de Susana Ros, portavoz adjunta del GPS, esta ley “nos convierte en una sociedad más igualitaria y más tolerante”. A juicio de Ros, esta ley “no es un texto aislado, forma parte del ADN de los y las socialistas y de nuestro compromiso con la igualdad y con el pleno respeto a los derechos humanos”, por cuanto que entronca con la concepción que tiene el PSOE de la política “como un servicio a la ciudadanía que garantiza sus derechos en todos los ámbitos”. “Precisamente porque la ley es un nuevo avance social esperamos que tenga un amplio consenso de la Cámara”, ha destacado.
Recuerdo a Pedro Zerolo
El impulsor de esta iniciativa registrada hoy fue el histórico dirigente socialista Pedro Zerolo, que siempre defendió que “discriminar no debe salir gratis”. Precisamente Adriana Lastra ha tenido palabras de recuerdo para Zerolo, porque “no hay mejor homenaje que podamos hacerle que dar a la sociedad esta ley por la que tanto luchó”.
Ese principio cobra hoy más fuerza en un contexto de crispación y radicalización, con la presencia en las instituciones de la ultraderecha, apoyada por la derecha tradicional, lo que hace más necesario que nunca dotarnos de herramientas jurídicas que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad.
La proposición de ley integral nace con la vocación de convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema, como en la protección real y efectiva de las víctimas. Por ello, la finalidad de esta futura ley registrada hoy en la Cámara Baja es que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual o expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Esta ley tiene también como objeto esencial la incorporación en el marco jurídico español, al igual que en el resto de Europa, las directrices que la propia UE ya ha adoptado sobre el desarrollo de los artículos 1, 10, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantizan, respectivamente, el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
COMISIONADO ESPECÍFICO: ALTA AUTORIDAD PARA LA IGUALDAD DE TRATO
Algunas de las características de la proposición de ley son la creación de un comisionado denominado “Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación”, un organismo independiente y unipersonal, que contará con recursos de la Administración Pública, y que podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación.
La ley que ahora comienza su andadura en el Congreso amplía el concepto de discriminación, al introducir en el derecho antidiscriminatorio español novedosas definiciones de discriminación: la discriminación por asociación, la discriminación múltiple e interseccional.
El objetivo es triple: erradicar, sancionar y reparar/proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador. Se regula la carga de prueba: cuando la parte acusadora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva. Además, se establecen las consideraciones de discriminación directa e indirecta, haciendo especial referencia a la discriminación directa que supone la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad. Introduce “discriminación múltiple o interseccional”. No es una ley penal, sino que aborda la tutela y reparación mediante el establecimiento de sanciones administrativas, porque discriminar no puede salir gratis, pero con una vocación de prevención general, y no sancionadora: sanciones que irán gradualmente desde infracciones leves hasta muy graves