Según los datos recabados por el grupo socialista el remanente de tesorería de la Diputación alcanza los 162 millones de euros, lo que supondría recibir del Estado de manera inmediata 56 millones, el 35% del remanente en caso de aprobación del Decreto y de que la Diputación accediera a participar en el plan.
Además, el Decreto del Ministerio de Hacienda permite utilizar el superávit de 2019 de la Diputación -31’7 millones de euros- para gastos generales, y no solo en Inversiones Financieramente Sostenibles.
El grupo socialista en la Diputación de Alicante, a través de su portavoz adjunta, Patricia Maciá, ha informado hoy que, en el caso de que la Diputación de Alicante se sumara al plan de Gobierno y la FEMP para la cesión de los remanentes locales para la lucha contra los efectos de la COVID-19, podría suponer una inyección extra a los ayuntamientos de la provincia de hasta 56 millones de euros en los próximos meses para la recuperación económica y social.
En ese sentido, la portavoz adjunta socialista considera que el Presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón “rema en contra” de los intereses de los municipios, y además “en un momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora”. Así, Maciá censura que “entre la estrategia de confrontación de Pablo Casado o ayudar a los pueblos, Mazón haya elegido quedarse con Casado y atacar al Gobierno”.
Y es que, según los datos recabados por el Grupo Socialista en la Diputación, en la actualidad el remanente de tesorería de la institución provincial se sitúa en torno a los 162 millones de euros. Por lo tanto, de aprobarse el Decreto Ley de Uso de los Remanentes de los Ayuntamientos, y siempre y cuando la Diputación se adhiera al plan, recibiría en este mismo ejercicio en torno a 56 millones de euros extraordinarios de subvención -el 35% tal y como señala del decreto- para la recuperación económica y social de la provincia.
Como se viene indicando, esta aportación del 35% del Gobierno es incondicionada y, por otra parte, el ejecutivo devolvería a la Diputación el importe íntegro del remanente cedido en el plazo de 10 años.
A esto, señalan desde el grupo socialista, hay que sumar otro gran beneficio para los ayuntamientos y la Diputación de Alicante, como es el hecho de que el Decreto incluya en su articulado la posibilidad de que se utilice el superávit de 2019 para gastos generales en 2020. Cabe señalar que, en la actualidad, solo se puede utilizar estos superávits para sufragar inversiones financieramente sostenibles. En el caso de la Diputación de Alicante se trata, según los datos recabados por las filas socialistas, de 31’7 millones de euros.
Además, detallan desde el grupo socialista, el Decreto recoge la petición de no aplicar la regla de gasto para los ayuntamientos en el ejercicio 2020, una medida que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a extender a 2021 incorporándola en los próximos Presupuestos Generales del Estado, algo que, señala Maciá “el PP ha estado reivindicando insistentemente”.
En opinión de Maciá, el fondo del decreto acordado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP es “totalmente beneficioso para la ayuda de la Diputación a los municipios: 56 millones de manera inmediata , más la posibilidad de utilizar los 31’7 millones del superávit de 2019 para gastos generales”, señalando que “no solo posibilita incrementar a los municipios su capacidad económica en función de los recursos propios, sino que, además, se beneficiarían de una aportación extraordinaria desde la Diputación de Alicante. Sería una aportación histórica y sin precedentes para los municipios”.
“Nuestros esfuerzos, y nuestros desvelos, tienen que ir enfocados precisamente a ayudar a aquellas personas, comercios, autónomos, pequeñas y medianas empresas que están en situación crítica. Necesitan ayudas e inversiones”, ha explicado la portavoz adjunta, quien ha dejado claro que la posición del PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante es “sólida” porque “no tiene sentido que los remanentes y esfuerzos de los ayuntamientos se queden durmiendo en los bancos. Con esta iniciativa se refuerza la autonomía y la capacidad de decisión de los ayuntamientos”.
Además, subraya Maciá, es lamentable que el PP, y Mazón en nuestra provincia, esté obligando a los alcaldes a no sumarse a este plan, “esta sinrazón supone no poder hacer uso de los remanentes de los ayuntamientos, en un momento en el que lo que hace falta es impulso económico y capacidad inversora. Con la posición del PP, ni son solidarios con los ayuntamientos, ni con los ciudadanos, ni con las necesidades de nuestro país en una situación tan complicada”.