OPINIÓN

La democracia contra la violencia de género

Tenemos un enemigo fuerte y decidido en las instituciones. No es retórico, es real y físico

Las mujeres asesinadas son el resultado de un macabro proceso que incluye la humillación constante, la sensación de culpabilidad de la víctima, la pérdida de humanidad, el pánico, el miedo cotidiano o que te recorra un escalofrío al escuchar el sonido de las llaves cuando él llega a casa.
Cuando un hombre obliga a su pareja a sacarse los dientes con unas tenazas, cuando la asfixia, cuando la tira de un coche en marcha, la apuñala o la quema viva, cuando la encadena por el cuello a un armario y la mantiene días y días, así, inmovilizada, sin poder salir de casa. Cuando tras recibir una paliza no le deja ir al médico. Cuando la asesina. Son situaciones reales, hechos acontecidos y probados en los tribunales de justicia, son casos de violencia de género que han sucedido en España. 1.027 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde que en 2003 comenzaran a contabilizarse oficialmente, 51 en lo que llevamos de año. 34 menores asesinados desde 2013. Una violencia que sigue.

Diferenciar la violencia de género de otros tipos de violencia no es simplemente un cambio de denominación lingüística ni sirve a lo políticamente correcto. El reconocimiento como una violencia específica, con particularidades concretas, que deben ser atendidas desde el derecho de manera particular, como ocurre con otros tipos de violencia que están medidas y escrupulosamente definidas en nuestro ordenamiento jurídico, responde a la profundización y al estudio de las causas que la originan. Responde a amplios consensos internacionales y nacionales, desde la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979 de Naciones Unidas, hasta el más reciente Convenio de Estambul de 2014, promulgado por el Consejo de Europa.

“Hay un consenso internacional, consolidado a lo largo de los años, para acabar con esta pandemia”

Hay un consenso internacional, consolidado a lo largo de los años, para acabar con esta pandemia. La ONU nos invita a conmemorar cada 25 de noviembre, como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y a poner de manifiesto el compromiso adquirido como sociedad para ello.

En este país nos dotamos de una ley pionera, la Ley Integral contra la Violencia de Género, que cumple 15 años el próximo 28 de diciembre, y que es un referente en el mundo. Escrupulosamente diseccionada por más de 200 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, saldadas todas ellas por el Tribunal Constitucional: cuánto costó sacarla adelante y qué orgullosos estamos todos ahora de ella, incluso quienes pusieron trabas para aprobarla o la recurrieron. Ese el gran logro que se plasmó años más tarde en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que promovimos y conseguimos aprobar por encima de las diferencias ideológicas. Aquel septiembre de 2017 fuimos capaces de establecer un compromiso para erradicar la violencia de género de nuestra sociedad.
Sin embargo, la gran amenaza que se está ciñendo sobre nosotras, en toda Europa, y en la que España ya no es una excepción, es ahora un riesgo cierto e inquietante. La ultraderecha pretende hundir su lanza reaccionaria al corazón de nuestra democracia. Y quiere hacerlo, en primer lugar, a través de conculcar los derechos de las mujeres.

¿Se imaginan que alguien negara que existe la violencia terrorista porque “todas las violencias son iguales”? ¿Que se negara a condenar la violencia terrorista de ETA porque “hay que luchar contra todos los tipos de violencia”? Sin embargo, esto ocurre con la violencia de género. No podemos consentir que se cuestione y se falte al respeto de esta manera tan vil a todas las víctimas y a sus familias. En este país lo sabemos, lo hemos hecho y lo hacemos con dolor.

La democracia se hiere con cada golpe. Con cada mujer asesinada, la democracia se despoja de una parte de su dignidad. El desarrollo de la democracia y del feminismo van de la mano, han crecido juntos. Se han hecho posible, intrínseca e imbricadamente, desde que la modernidad y los principios ilustrados tienen lugar en el mundo.

La conquista de los derechos de las mujeres se ha llevado a cabo, a diferencia de cualquier otra revolución, sin causar muertos para conseguir sus logros. Sin embargo, sí cuenta con víctimas mortales. Cada una de las mujeres asesinadas, sus hijos e hijas, han pagado con sus vidas el precio de la libertad de todas.

Nuestra democracia no puede flaquear en esto. Los sistemas políticos no son eternos ni infalibles. La historia más reciente de nuestro continente es la prueba palpable de ello. En esta parte del mundo gozamos de la etapa más pacífica y fructífera de la historia, pero que nadie piense que está todo hecho y que no hay que seguir defendiéndola.

Tenemos un enemigo fuerte y decidido en las instituciones. No es retórico, es real y físico y lo podremos sufrir en nuestras carnes. Ante él, solo puede hacerle frente la unidad de todos los partidos que creemos en los principios y valores que inspiran nuestra democracia y que recoge nuestra Constitución, por encima de nuestras diferencias.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un instrumento de trabajo y avance que implica a todos los partidos políticos, a todos los poderes del Estado, a todas las Administraciones públicas, a toda la sociedad. Siguiendo por este camino, se puede luchar contra la violencia hacia las mujeres pero es imprescindible que sigamos trabajando todos y todas unidos hacia ese objetivo.

Artículo de Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones del Gobierno y ministra en funciones de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Publicado en El País el 24/11/2019

 

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