El Gobierno aprueba un decreto de igualdad para mejorar los permisos de paternidad y eliminar la brecha salarial

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Real Decreto Ley para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo. Entre otras medidas, se amplían los permisos de paternidad para su progresiva equiparación con los de maternidad, se establece la obligatoriedad de un registro de salarios para eliminar la brecha salarial, se modifica la legislación para extender los planes de igualdad y se recupera la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras de personas con dependencia.

Así, el permiso de paternidad pasará de 5 a 8 semanas en 2019, a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021, un paso clave para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la conciliación y el principio de corresponsabilidad en los cuidados. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, el decreto ataca los “elementos discriminatorios” en el itinerario laboral de las mujeres para garantizar el cumplimiento del “principal valor” de la Constitución, que es la igualdad.

Además, los planes de Igualdad en las empresas se extenderán a todas aquellas con más de 50 empleados, mientras que ahora sólo son obligatorios en las compañías con más de 250 personas en su plantilla. Calvo subrayó que dichos planes son los que garantizan los “verdaderos derechos y el tratamiento igualitario de las mujeres”. Igualmente se introduce transparencia en las tablas salariales, a las que podrán acceder los trabajadores a través de sus representantes. Si la diferencia salarial entre hombres y mujeres supera el 25%, la empresa deberá acreditar las razones con causas objetivas.

Finalmente, se recupera la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras de personas con dependencia, un colectivo mayoritariamente integrado por mujeres, tal como recordó la vicepresidenta, que subrayó la importancia de esta medida para atacar la brecha en las pensiones, que en la actualidad es de unos 370 euros. “Todas estas medidas no son necesarias y urgentes, y no habían podido salir adelante por el bloqueo y la paralización constante en las cámaras”, resumió Calvo.

Decreto de alquileres

El Consejo de Ministros de este viernes también aprobó un decreto en materia de alquileres que ofrece mayor seguridad y certidumbre a los inquilinos, incentiva la oferta y proporciona apoyo a los grupos más vulnerables y alivia la carga financiera de las familias. Entre otras medidas, la duración del contrato pasará de tres a cinco años (o siete, si el arrendador es persona jurídica), mientras que el plazo de prórroga se extiende de uno a tres años. Además, y para proporcionar más seguridad a los inquilinos, se amplía a cuatro meses para el arrendador el plazo de preaviso en caso de no querer renovar el contrato, mientras que para el inquilino el plazo será de dos meses. Además, y para mejorar la oferta, se crea un índice estatal de referencia del precio deL alquiler y se establecen bonificaciones fiscales.

Finalmente, el decreto incluye medidas para limitar las viviendas turísticas y proteger a los grupos más vulnerables. En el primer caso, se contempla, por ejemplo, que tres quintas partes de la comunidad de vecinos puedan limitar las viviendas de uso turístico o asignarles una mayor parte de los gastos comunes, mientras que en el segundo caso se mejora la coordinación con los servicios sociales, se limitan las fianzas a un máximo de dos meses, se establece que la renta sólo podrá subir en función del IPC y se cargan al arrendador, cuando sea persona jurídica, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato. También se incorporan medidas para luchar contra los desahucios.

8-M y plan para el Brexit

Entre otras cuestiones, el Gobierno también aprobó una declaración institucional con motivo del 8 de marzo y sacó adelante un decreto de medidas para proteger los intereses de ciudadanos y empresas españolas en caso de que el Brexit. Esta última iniciativa contempla medidas para garantizar la libre circulación y preservar la normalidad de los flujos comerciales, con actuaciones en el terreno de los servicios financieros, la sanidad, las aduanas, la contratación pública, etcétera.