El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto ley que introduce una serie de modificaciones sustanciales y urgentes en la regulación de los alquileres para garantizar la “función social” de la vivienda, consagrada en la Constitución.
En palabras del ministro José Luis Ábalos, la vivienda “es algo más que un elemento de mercado”, por lo que el Gobierno actúa con determinación para acabar con la complicada situación que muchas personas, especialmente jóvenes, sufren en la actualidad: “Queremos acabar con un drama que afecta al proyecto de vida de la gente”, señaló Ábalos en la rueda de prensa posterior al consejo.
El decreto implica modificar un total de cinco leyes y establece las siguientes novedades como puntos fundamentales:
- El plazo de los contratos se amplía de tres a cinco años. En el caso de que el propietario sea una persona jurídica, la duración del arrendamiento será de siete años. Además, el periodo de prórroga tácita pasa de uno a tres años.
- Las garantías adicionales a la fianza podrán suponer un máximo de dos mensualidades. Hasta ahora no existía ninguna limitación en este sentido.
- Los gastos de gestión inmobiliario correrán a cargo del arrendador cuando este sea una persona jurídica, salvo que el inquilino decida, voluntariamente, recurrir a un servicio de mediación.
- En relación con los alquileres turísticos, se establece que tres quintos de la comunidad de propietarios podrán limitar o condicionar dichas actividades. Como medida complementaria, también podrán incrementar –dentro de unos límites– la contribución que esos pisos realizan a los gastos de la comunidad.
El decreto se completa con medidas fiscales y de coordinación con los servicios sociales para prevenir los desahucios y garantizar la existencia de una alternativa habitacional. El ministro Ábalos recordó que el 65% de los desahucios en el tercer trimestre de este año se produjeron en viviendas de alquiler, y que los desalojos de este tipo están creciendo a un ritmo interanual del 5%. “Es una situación grave que confirma la necesidad de medidas de este tipo”, subrayó.
Garantías para una educación inclusiva
Además, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, presentó este viernes las líneas maestras del anteproyecto de reforma educativa del Gobierno socialista, que supondrá derogar la LOMCE –impuesta por el PP– y beneficiará a un total de ocho millones de estudiantes, 700.000 docentes y 28.000 centros educativos en todo el territorio. La ministra Celaá lo definió como un proyecto “modernizador”, “respetuoso con la Constitución” y “para que nadie se quede atrás”.
Así, se recuperan los ciclos en Primaria como vía para hacer frente al incremento de repeticiones de curso, y se suprimen las reválidas y los itinerarios tempranos. También se elimina la existencia de una “doble titulación” para la ESO, con lo que la repetición de curso será la última alternativa, en palabras de la ministra Celaá, que garantizó que los alumnos que tengan que repetir contarán “con un tutor del centro para que llegue con éxito al final del recorrido”, con un “plan personalizado”.
El anteproyecto está ahora en fase de consultas. Posteriormente regresará al Consejo de Ministros. El objetivo del Gobierno socialista es superar todos estos trámites con rapidez y que la norma llegue al Congreso de los Diputados en enero, para consagrar una “escuela inclusiva que atiende a las altas capacidades y también a las necesidades de refuerzo que tienen los alumnos con un aprendizaje más lento”, apuntó Celaá.